La Causa Seguros volvió a encender la agenda política nacional tras un hallazgo que, por su gravedad y su carácter insólito, sumó un nuevo capítulo al expediente que ya involucra al expresidente Alberto Fernández. La investigación determinó que Bachellier S.A., una de las firmas que concentró millonarias comisiones por intermediar en pólizas para organismos públicos, operaba en un domicilio que a simple vista no tenía condiciones mínimas para albergar actividades comerciales.
El dato surgió luego de peritajes realizados en la avenida Juan B. Justo al 2400, en el barrio porteño de Villa Crespo. Allí, donde supuestamente funcionaba la empresa, los investigadores se encontraron con una vivienda en evidente estado de abandono: paredes desgastadas por la humedad, estructuras dañadas, muebles rotos y la total ausencia de documentación, herramientas de trabajo, empleados o señales de movimiento empresarial. La escena contrastaba por completo con el volumen de dinero que la compañía había manejado durante la vigencia del decreto 823/21, que obligó a todos los organismos estatales a contratar sus seguros a través de Nación Seguros.
Para la Justicia, esa contradicción constituye un indicio clave de irregularidades. Bachellier S.A. habría recibido más de 1.600 millones de pesos en comisiones por pólizas emitidas para distintos entes públicos. Si se toma en cuenta el total de firmas vinculadas a la misma red de intermediación, los montos superan los 2.000 millones. Tales cifras, según los investigadores, no guardan relación con la infraestructura hallada en el domicilio declarado.
Una estructura incompatible con el movimiento declarado
El estado del inmueble impulsó nuevas preguntas sobre la operatoria real de la empresa. En el lugar no se encontraron archivos, elementos contables, registros de personal, computadoras ni indicios de tareas administrativas. De hecho, las pericias sugirieron que la vivienda llevaba años sin actividad efectiva. Los funcionarios a cargo del allanamiento describieron el espacio como “absolutamente incompatible” con el funcionamiento de una firma que manejó semejantes montos del Estado.
La hipótesis que comenzó a tomar fuerza es que la dirección servía únicamente como fachada, mientras que el movimiento económico se gestionaba desde otros espacios no declarados. Los aportes documentales recolectados en la investigación serán determinantes para definir si se trató de una estructura informal paralela o si directamente se operó sin estructura, valiéndose de contactos políticos y del esquema centralizado de contratación.
El rol de Héctor Martínez Sosa y los vínculos con el expresidente
Detrás de Bachellier S.A. aparecía formalmente Osvaldo Tórtora como administrador. Sin embargo, la investigación avanzó sobre la pista que vinculaba a la empresa con Héctor Martínez Sosa, empresario y amigo personal de Alberto Fernández. A lo largo del expediente, los fiscales acumularon indicios que apuntan a que Martínez Sosa habría controlado la firma de manera informal, participando activamente en decisiones estratégicas y en la relación con Nación Seguros.
Otro punto clave surgió tras el análisis del celular de María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria privada del entonces presidente. En su dispositivo se hallaron mensajes que hablaban sobre gestiones, contactos y conversaciones con autoridades de organismos que contrataban seguros estatales. Esos intercambios reforzaron la sospecha de que Bachellier contaba con un trato preferencial en el circuito de pólizas oficiales.
Las comunicaciones recuperadas —que incluyen fotos, documentos y capturas de conversaciones— se incorporaron a la causa como evidencia complementaria. Para los investigadores, ese material podría ser decisivo para reconstruir cómo fluía la información entre la empresa, dependencias estatales y funcionarios del círculo presidencial.
Más presión sobre la Causa Seguros
El procesamiento de Alberto Fernández, ya de por sí un hecho de impacto institucional, quedó rodeado de nuevas controversias con el avance de estos hallazgos. Los investigadores intentan determinar si existió una maniobra coordinada para beneficiar a ciertas empresas intermediarias mediante el esquema obligatorio establecido por el decreto 823/21.
La aparición de una “sede fantasma” no solo complica la situación de los involucrados, sino que también abre interrogantes sobre la falta de controles internos dentro de los organismos públicos que contrataron seguros a través de Nación Seguros. La magnitud de los montos involucrados, sumada a la precariedad del domicilio declarado, refuerza la idea de que el sistema de intermediación funcionó con escasa supervisión.
Lo que se investiga ahora
En la próxima etapa del expediente se buscará esclarecer varios puntos centrales:
- Si la empresa tenía realmente otra sede operativa no declarada o si funciona como testaferro sin estructura física.
- Cuál fue el rol preciso de Martínez Sosa en la gestión diaria de Bachellier.
- Cómo se distribuyeron las comisiones obtenidas por la intermediación.
- Qué funcionarios pudieron haber facilitado o avalado la operatoria.
- Si existió un aprovechamiento irregular del marco normativo creado por el decreto 823/21.
Los peritajes contables, las declaraciones testimoniales y la digitalización de los dispositivos secuestrados serán clave para avanzar en estas líneas de investigación.
Un escándalo que no deja de crecer
La Causa Seguros se transformó en uno de los expedientes más sensibles del escenario político y judicial del país. En su centro se mezcla la sospecha de favoritismo, la gestión de pólizas estatales por miles de millones de pesos y la presunta participación del entorno más cercano del expresidente.
La revelación sobre el domicilio derruido de Bachellier S.A. funciona como una postal que resume muchas de las dudas que rodean al caso: un presunto negocio millonario sostenido por una estructura inexistente, dentro de un esquema de contrataciones que ahora se investiga minuciosamente.
Mientras se esperan nuevas medidas judiciales, el expediente sigue generando repercusiones y promete traer más definiciones en las próximas semanas. La investigación continúa, y cada dato que se incorpora suma tensión a un caso que ya se instaló en el centro del debate público.
