Crecen las preocupaciones por la decisión del Gobierno de incumplir el fallo de la Corte Suprema

La decisión del Gobierno nacional de incumplir el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a frenar la quita de fondos que impuso sobre la Ciudad de Buenos Aires motivó este fin de semana nuevas expresiones de preocupación y rechazo.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado titulado “las decisiones judiciales deben ser acatadas”. Allí advierte que “en vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el Presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales” anunció que “recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.

“En realidad, el planteo recusatorio es tardío e improcedente. Existen decenas de precedentes en los que se han rechazado maniobras semejantes. Lo mismo corresponde decir del recurso que se anuncia deducirán”, puntualiza el comunicado del Colegio de Abogados.

“Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material. En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso y que es un fallo ‘partidario’, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia. De hecho, estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar. Por último, se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”, agrega la entidad.

En su tramo central, el comunicado afirma: “Las decisiones judiciales de la Corte y de cualquier otro tribunal pueden ser criticadas con vehemencia, pero deben ser acatadas”.

“Todo el edificio de la República reposa en última instancia en esa idea, sin la cual sería imposible mantener la paz social porque los conflictos se dirimirían por la fuerza. El Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución. La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”, concluye.

A su vez, el Club del Progreso, una asociación fundada hace 170 años, lamentó “profundamente el curso dado por los máximos responsables de los poderes nacional y de varias provincias frente a la resolución cautelar de la Corte Suprema del 21 de diciembre pasado”.

“El respeto debido entre los distintos poderes que concurren al sano equilibrio de fuerzas diseñado en nuestra Constitución Nacional se encuentra amenazado por actos unilaterales que bordean los extremos peligrosos de la anomia y la anarquía”, sostuvo el Club del Progreso, en un comunicado. Y propuso que se dicte la ley de Coparticipación que lleva 26 años de demora. “Esta falencia e inconstitucionalidad por omisión configura la raíz de este y otros conflictos que podrían evitarse si se asumiera el debate democrático para lograr los consensos y acuerdos para la necesaria ley convenio prescripta por los constituyentes de 1994″, cierra.

La decisión del Presidente y los gobernadores motivó denuncias penales y una fuerte reacción de la oposición. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó a Fernández de intentar “quebrar el orden constitucional” con su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado.

En una conferencia de prensa que concedió el viernes desde la sede de la administración porteña en Parque Patricios, Larreta calificó de “altísima gravedad institucional” la sorpresiva maniobra de Fernández. Anoche, empujado por 14 gobernadores, el Presidente optó por desobedecer la sentencia del máximo tribunal del país.

A su vez, Larreta cuestionó que el jefe del Estado haya dicho que recusará a los cuatro jueces que integran la Corte. “Esto no es contra la Ciudad, es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica”, resaltó el alcalde porteño.

Según el referente de Pro, quien aspira a competir por la sucesión de Fernández en 2023, la posición del jefe del Estado atenta contra “cualquier posibilidad de desarrollo”. “¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, puntualizó.

Para defender el reclamo de la Ciudad, buscó resaltar que el fallo de la Corte “no perjudica en nada a las provincias, como intenta instalar el kirchnerismo”. Y advirtió que los fondos que el Gobierno le quitó a las arcas porteñas fueron destinados al distrito gobernado por Axel Kicillof, es decir, la fortaleza electoral de Cristina Kirchner. “Cuando nos sacaron la coparticipación, el Presidente no les dio ni un solo peso a las provincias. ¿Saben por qué? Porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político”, dijo Larreta.

Larreta remarcó que la decisión de Fernández “supera todos los límites imaginables”. “El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte”, subrayó.

En ese sentido, anticipó que la Ciudad “denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”. En paralelo, comentó, el interbloque de JxC analiza la chance de impulsar “acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”.

Después de que la Casa Rosada confirmara que no acatará el fallo de la Corte Suprema, Larreta reunió a su mesa chica para definir una contraofensiva: por un lado, decidió hacer “un reclamo institucional” y, por otro, avanzar con una presentación judicial. Ese texto, que prepara la procuración porteña y con el que pedirán que se haga efectiva la decisión de la Corte, se presentará el lunes ante el máximo tribunal.