La expresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez presentaron nuevas presentaciones judiciales con el objetivo de frenar o demorar la ejecución de bienes dispuesta en el marco de la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del decomiso que alcanza una cifra cercana a los 685.000 millones de pesos. El planteo se produce en un escenario donde el máximo tribunal ya rechazó nulidades y confirmó el monto que deberán afrontar los condenados.
La decisión de la Corte marcó un punto clave en el expediente, al validar la actualización del decomiso y cerrar la discusión sobre el cálculo económico de la causa, que investiga irregularidades en la adjudicación de obra pública. Sin embargo, todavía resta la etapa de ejecución patrimonial, donde se definirán qué bienes serán alcanzados, embargados o eventualmente rematados, lo que abrió una nueva fase de presentaciones judiciales por parte de las defensas.
En ese marco, tanto la exmandataria como Báez recurrieron a recursos de queja para intentar frenar el avance del proceso. La estrategia apunta a cuestionar resoluciones previas de la Cámara de Casación que habían avalado la continuidad de la ejecución. Aunque el monto ya quedó firme, la discusión ahora se centra en los tiempos y alcances de la aplicación de las medidas sobre el patrimonio de los condenados.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, sostiene que no existen elementos suficientes para justificar el alcance del decomiso sobre determinados bienes, especialmente aquellos vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. En sus presentaciones, el planteo apunta a evitar que se avance sobre activos que, según su postura, no estarían relacionados directamente con los hechos investigados.
Si la ejecución patrimonial avanza en los términos definidos por la Justicia, el alcance podría incluir una cantidad importante de propiedades y activos. Entre ellos figuran inmuebles vinculados a la exmandataria, además de bienes asociados a sociedades y activos financieros previamente identificados en el expediente. El proceso también contempla fondos que habían sido secuestrados en instancias anteriores de la causa.
El origen del decomiso se remonta a las 51 licitaciones de obra pública analizadas en el expediente, donde se investigaron maniobras vinculadas a sobreprecios, cartelización y perjuicios al Estado. A partir de esos elementos, la Justicia estableció inicialmente un monto que luego fue actualizado por la Corte en función de la evolución del índice de precios, lo que llevó la cifra a casi 685.000 millones de pesos.
Con el monto ya confirmado, el expediente ingresa en una etapa de definición operativa, donde se deberá establecer el procedimiento concreto para la ejecución de los bienes. En ese punto, también intervienen otros organismos y actores del proceso, que pueden plantear observaciones sobre la administración y destino de los activos alcanzados.
Mientras tanto, las presentaciones de las defensas no tienen efecto suspensivo automático, lo que abre la posibilidad de que la ejecución avance en paralelo a la revisión de los planteos. El escenario judicial queda así abierto, con nuevas definiciones que dependerán de la resolución de las distintas instancias pendientes en el máximo tribunal.
