Una grave denuncia por presunto lavado de dinero volvió a sacudir al fútbol argentino y colocó en el foco de la Justicia a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La acusación fue impulsada por dirigentes de la Coalición Cívica, quienes aseguran que ambos conforman una estructura cerrada de poder y que el caso expone apenas una parte de un entramado mucho más amplio de empresas, vínculos personales y bienes difíciles de justificar.
Desde el espacio denunciante sostienen que durante años funcionó un sistema de silencio e impunidad alrededor de la conducción de la AFA, pero que ese blindaje comenzó a resquebrajarse. En ese contexto, remarcan que la causa judicial no está cerca de su desenlace y que, por el contrario, recién empieza a mostrar sus primeras capas, con la expectativa de que aparezcan nuevos elementos que amplíen el alcance de la investigación.
El eje central de la denuncia gira en torno a la empresa Real Central SRL, señalada como una pieza clave dentro de la presunta maniobra. A nombre de esa firma figuran numerosos bienes de alto valor, entre ellos autos de lujo, caballos y una mansión ubicada en un exclusivo country del partido bonaerense de Pilar. Los titulares formales de la sociedad son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, a quienes se señala como presuntos testaferros de los verdaderos beneficiarios.
De acuerdo con lo expuesto en la causa, la propiedad de Pilar cuenta con más de 100 mil metros cuadrados y estaría valuada en alrededor de 10 millones de dólares. Además, en el predio existiría un helipuerto que no estaría habilitado. Si bien el inmueble figura legalmente a nombre de la sociedad integrada por Conte y Pantano, los denunciantes sostienen que en realidad pertenecería a Tapia y Toviggino.
La investigación judicial incorporó documentación que confirmaría que Real Central SRL es propietaria no solo de esa vivienda, sino también de vehículos y otros inmuebles. Para los denunciantes, estos datos refuerzan la hipótesis de que se trata de una estructura montada para concentrar bienes y disimular el origen de los fondos, utilizando a terceros como pantalla.
Uno de los puntos que más peso tiene en la acusación es el marcado contraste entre la situación económica previa de Ana Conte y el patrimonio que aparece a su nombre en los últimos años. Según se sostiene en la denuncia, hasta no hace mucho tiempo su realidad era muy distinta y no se correspondía con la posibilidad de adquirir autos de alta gama ni propiedades de valor millonario. Ese cambio abrupto es considerado uno de los indicios más fuertes de la existencia de testaferros.
El nexo con la AFA se establece a través de Luciano Pantano, quien ocupa un cargo institucional como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, integrada a la estructura de la casa madre del fútbol. A partir de esa relación, se habría detectado que al menos 59 vehículos están registrados a nombre de Real Central SRL, un número que llamó la atención de los investigadores y sumó sospechas sobre el volumen de dinero involucrado.
La denuncia también reconstruye una red de vínculos empresariales que conectan a Pantano con otras personas cercanas a la conducción de la AFA. En ese recorrido aparece el nombre de Mauro Javier Paz, señalado como un eslabón importante en la operatoria y como alguien con una relación estrecha con Toviggino. Según lo planteado, Paz habría tenido participación en empresas anteriores que luego derivaron en la firma actualmente investigada.
Entre los hechos mencionados figura una contratación realizada en 2021, cuando Pantano habría obtenido de manera directa la instalación del sistema VAR a través de una empresa vinculada a Paz. Esa firma, de acuerdo con la denuncia, se dedicaba principalmente a construcciones agropecuarias y estaba radicada en Santiago del Estero, un dato que también forma parte del entramado que se intenta desentrañar.
Para los impulsores de la acusación, este tipo de operaciones no son episodios aislados, sino piezas de un mismo esquema que combina cargos dirigenciales, negocios privados y decisiones estratégicas dentro del fútbol argentino. En ese sentido, sostienen que la discusión no se limita a una cuestión económica, sino que pone en juego la transparencia y la credibilidad de la conducción de la AFA.
Los denunciantes también plantean que el avance de la causa está ligado a un cambio en el clima social. Aseguran que, históricamente, la política y la Justicia reaccionan cuando determinados hechos generan un nivel de escándalo que vuelve imposible mirar para otro lado. En el caso del fútbol, situaciones recientes y polémicas reiteradas habrían contribuido a que la atención pública se posara con más fuerza sobre quienes toman las decisiones.
En ese marco, consideran que algunos episodios deportivos actuaron como disparadores que aceleraron el interés social y judicial. Cuestiones vinculadas a arbitrajes, favoritismos y decisiones controvertidas habrían erosionado el sistema de protección que, según afirman, rodeaba a la actual conducción de la AFA.
Desde la Coalición Cívica no descartan que en el transcurso de la investigación aparezcan nuevos documentos, sociedades o personas dispuestas a aportar información relevante. La posibilidad de que surja algún arrepentido que amplíe la causa es mencionada como un escenario posible, teniendo en cuenta la cantidad de actores que podrían estar involucrados directa o indirectamente.
Mientras la Justicia avanza con las medidas correspondientes, la denuncia ya generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol argentino y abrió un debate incómodo sobre el manejo del poder en la principal institución deportiva del país. Más allá de los nombres propios, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de controles efectivos y mayor transparencia en una actividad que mueve millones y concentra una enorme influencia social.
Por ahora, la causa sigue en etapa de investigación y no hay definiciones de fondo. Sin embargo, para quienes impulsaron la denuncia, lo que salió a la luz hasta el momento es apenas el comienzo de una historia mucho más extensa, que podría tener consecuencias judiciales y políticas de gran alcance y modificar el escenario interno del fútbol argentino.
