Un informe reservado del Gobierno encendió las alarmas sobre la presencia en la Argentina de 28 personas vinculadas a organizaciones criminales brasileñas. La mitad de ellas está detenida en cárceles federales y las otras catorce permanecen en libertad, lo que refuerza las sospechas sobre el avance del narcotráfico regional.
El documento, elaborado por organismos de seguridad, identifica a integrantes relacionados con el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las bandas más poderosas de Brasil. Ambas estructuras buscan expandir su influencia en países limítrofes, aprovechando las rutas del norte argentino para el tráfico de drogas y armas.
Entre los detenidos se encuentra un ciudadano paraguayo ligado al PCC, alojado en la Colonia Penal de Candelaria, en Misiones. Antes había residido en Brasil, Perú y Bolivia, donde el grupo mantiene presencia activa. También figura un brasileño arrestado por Gendarmería Nacional, alojado en la misma unidad.
Los investigadores hallaron una hoja de cálculo con datos precisos sobre 28 miembros activos en el país, de los cuales 26 ya fueron identificados. Esa evidencia refuerza la sospecha de que el PCC estaría organizando una estructura operativa dentro del territorio argentino.
Los detenidos están distribuidos en prisiones de Santa Fe, Chaco y La Pampa, y muchos de ellos presentan tatuajes característicos de las bandas brasileñas. Entre los nombres destacados aparece Ariel José Rojas, uno de los implicados en la masacre de Coronda, vinculado al PCC durante su reclusión.
El Primeiro Comando da Capital, nacido en las cárceles de San Pablo, opera con un esquema jerárquico y una logística transnacional. En Argentina, su foco estaría puesto en las rutas del norte, especialmente en Salta, Jujuy y Formosa, por donde circulan cargamentos ilegales desde Bolivia y Paraguay.
Las autoridades temen que el grupo replique su modelo de control territorial, combinando narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. Por eso, se reforzaron los controles en los penales federales y las fronteras, además de la coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería y la PSA.
El informe también propone fortalecer la cooperación internacional con Brasil, Paraguay y Bolivia para frenar la expansión de estas redes. Mientras tanto, el hallazgo de los 28 sospechosos marca un nuevo desafío para la seguridad nacional y vuelve a poner a la frontera norte, especialmente a Salta, en el centro de la preocupación por el avance del crimen organizado en la región.
