En una sesión marcada por el avance opositor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que pone límites al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei. Con 140 votos a favor y 80 en contra, el proyecto modifica el mecanismo actual y establece que, si en un plazo de 90 días corridos el Congreso no se pronuncia, el decreto queda automáticamente sin efecto.
Además, para que un DNU continúe vigente, deberá ser aprobado por ambas Cámaras. Esto representa un fuerte recorte al margen de maniobra del Ejecutivo, que a partir de ahora necesitará construir consensos parlamentarios para avanzar con medidas clave.
Aunque el proyecto ya tenía media sanción del Senado, los cambios introducidos en Diputados obligan a una nueva revisión en la Cámara alta antes de que pueda convertirse en ley.
En paralelo, la sesión también abordó otros temas sensibles. Se interpeló al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la ley de emergencia en discapacidad, que fue promulgada sin una asignación presupuestaria concreta. La oposición advirtió que, si no se reasignan partidas para su implementación, podrían impulsar una moción de censura, figura prevista en la Constitución.
El temario incluyó además un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para definir plazos concretos en el debate del Presupuesto 2026, con el objetivo de evitar que se prorrogue nuevamente el esquema del año 2023, que aún rige en la actualidad. Esta medida es clave para las provincias, como Salta, que dependen de recursos nacionales para obras, programas sociales y salud.
También se intentó avanzar con interpelaciones a Karina Milei y al ministro Mario Lugones, por los audios filtrados que mencionan posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ambos funcionarios habían sido citados por la Comisión de Salud, pero no se presentaron.
Finalmente, se debatió una posible modificación en el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, que podría beneficiar a las provincias del interior y servir como herramienta de negociación para futuros acuerdos legislativos.
Con este resultado, el Congreso demuestra que la oposición está dispuesta a marcarle límites al Ejecutivo y a ejercer un mayor control institucional. En Salta, la medida fue leída como una oportunidad para fortalecer el federalismo y exigir mayor participación en decisiones clave que afectan a la región.
