La Justicia de Tucumán condenó al Estado provincial y a un exjuez a pagar más de 36 millones de pesos por el femicidio de Paola Tacacho, una profesora que había denunciado reiteradamente a un acosador antes de ser asesinada en 2020. Este fallo histórico reconoce la responsabilidad institucional y abre un precedente clave para la lucha contra la violencia de género en el norte argentino, incluyendo a la provincia de Salta.
Paola había hecho 14 denuncias formales contra Mauricio Parada Parejas, su exalumno y agresor, pero la Justicia y el Estado no tomaron medidas efectivas para protegerla. El exjuez Juan Francisco Pisa sobreseyó al acusado y fue destituido en 2021 por mal desempeño. La falta de respuesta permitió que se consumara el femicidio.
Para la familia de Paola, el dinero no es lo importante sino la responsabilidad que reconoce la Justicia. Su mamá, Mariela, insiste en que la lucha es para que el Estado no abandone a más mujeres víctimas de violencia, un mensaje que resuena fuerte en Salta, donde la problemática sigue vigente y reclama acciones urgentes.
El fallo también pone en evidencia la necesidad de mejorar los protocolos y la atención a denuncias de acoso en espacios educativos, un desafío que Salta debe enfrentar para evitar tragedias similares. La historia de Paola es una advertencia para que la justicia y las autoridades provinciales no desoigan las señales de alerta frente a la violencia machista.
Este caso representa un llamado a reforzar las políticas públicas en todo el NOA y a garantizar que la justicia actúe con perspectiva de género. En Salta, la exigencia es clara: proteger a las mujeres y transformar las denuncias en medidas concretas para evitar la impunidad y el abandono estatal.
La condena en Tucumán marca un punto de inflexión y un ejemplo para que Salta y las demás provincias del norte tomen nota y actúen con compromiso real frente a la violencia de género que afecta a miles de mujeres en la región.
