Un jubilado inició una demanda millonaria contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, asegurando que sufrió una trombosis venosa profunda como consecuencia de la vacuna contra el COVID-19. El reclamo, que asciende a $152.058.050, enfrenta un obstáculo clave: la Ley 27.573, aprobada durante la pandemia, que protege legalmente a los laboratorios y limita las posibilidades de hacerlos responsables por eventuales efectos adversos.
Esta normativa, sancionada en 2020 bajo el gobierno de Alberto Fernández, permitió cerrar contratos con las farmacéuticas en tiempo récord, pero estableció cláusulas de confidencialidad y eximió de responsabilidad a las empresas proveedoras. Como resultado, quienes sufren secuelas deben recurrir a un fondo especial creado por el Estado, con montos fijos y condiciones restrictivas.
En su presentación judicial, el jubilado no sólo reclama por el daño físico, sino también por el perjuicio moral, gastos médicos, pérdida de calidad de vida e incapacidad permanente. Ya no puede operar maquinaria, hacer deportes ni viajar. También exige un daño punitivo contra AstraZeneca como forma de sanción ejemplificadora.
A diferencia de otros casos que no prosperan por falta de recursos, este denunciante logró financiar peritajes y asesoría legal, lo que le permitió avanzar con la demanda. Su intención, además, es impugnar la validez constitucional de la ley que blinda a las farmacéuticas, lo que podría abrir un nuevo capítulo judicial a nivel nacional.
Aunque el caso se originó en Mendoza, la situación podría impactar también en Salta, donde miles de personas recibieron esa vacuna. Hasta ahora no se conocen reclamos formales similares en la provincia, pero el tema empieza a generar inquietud en ámbitos jurídicos y sanitarios.
El debate de fondo gira en torno al derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia cuando una política pública, como la vacunación masiva, genera consecuencias negativas. Para algunos, se trata de una excepción legal que respondió a una emergencia global; para otros, es un atropello a los derechos individuales.
Mientras tanto, el Fondo de Reparación Covid-19 continúa operando con escasa visibilidad y un alcance limitado. La mayoría de los afectados desconoce cómo funciona o qué condiciones se requieren para acceder a una compensación.
El reclamo del jubilado podría sentar un precedente clave. No sólo por el monto, sino por la posibilidad de que la Justicia revise el alcance de una ley que hoy impide litigar contra laboratorios internacionales. En un país donde el acceso a la salud y a la justicia son derechos garantizados por la Constitución, la discusión recién empieza.
