El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso de un proyecto de reforma electoral que apunta a modificar de raíz el funcionamiento del sistema político argentino. La iniciativa, que ingresó por el Senado, propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), introducir cambios en el financiamiento de los partidos y establecer la figura de Ficha Limpia, entre otros puntos centrales.
El texto contempla 79 artículos y alcanza a varias normas clave, como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional y la legislación sobre financiamiento partidario. La intención oficial es avanzar hacia un esquema que reduzca el gasto público, refuerce los controles y redefina las condiciones de participación electoral.
Uno de los ejes principales es la eliminación de las PASO a nivel nacional. Según el proyecto, las internas deberán ser organizadas y financiadas por los propios partidos, sin intervención del Estado. La medida busca evitar el uso de recursos públicos en disputas partidarias y otorgar mayor autonomía a las fuerzas políticas para definir sus candidaturas.
En paralelo, se establecen requisitos más estrictos para la creación y mantenimiento de partidos políticos. Para obtener personería, las agrupaciones deberán cumplir con condiciones formales más exigentes, como un número mínimo de afiliados y presencia en varios distritos. También se fijan causales más claras para la pérdida de ese reconocimiento, con el objetivo de limitar la proliferación de estructuras sin representación real.
Otro punto relevante es la incorporación de la Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos o ejercer cargos públicos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. La medida apunta a elevar los estándares de integridad en la política y restringir el acceso a funciones públicas de personas con antecedentes judiciales.
En materia de financiamiento, el proyecto propone un esquema más transparente y controlado. Se prohíben las donaciones anónimas y se establecen límites estrictos a los aportes privados, al tiempo que se refuerza la obligación de registrar todos los movimientos económicos. Además, se habilita la posibilidad de que los partidos opten por financiarse sin aportes estatales, exclusivamente con contribuciones voluntarias.
La iniciativa también introduce cambios en la dinámica de las campañas electorales. Se fijan plazos precisos para su desarrollo y se endurecen las sanciones para quienes incumplan las normas. Entre otras restricciones, se prohíben actos oficiales que puedan influir en el voto durante el período previo a las elecciones.
Otro aspecto destacado es la implementación de la boleta única en papel para todos los cargos nacionales, con un diseño que permita seleccionar tanto listas completas como candidatos por categoría. El objetivo es simplificar el proceso de votación y reducir irregularidades.
El proyecto incluye además la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial y la suspensión de la elección directa de representantes al Parlasur hasta que exista un cronograma común en el bloque regional.
En el plano político, la propuesta abre un escenario de negociaciones intensas con las provincias, ya que su aprobación dependerá de acuerdos en el Senado. Gobernadores y legisladores deberán definir su postura frente a un paquete de reformas que impacta de lleno en las reglas de juego electorales.
Con este movimiento, el oficialismo busca avanzar en una transformación profunda del sistema político, con el argumento de hacerlo más austero, transparente y representativo. El debate recién empieza y promete ser uno de los ejes centrales de la agenda legislativa.
