El Gobierno nacional avanza con un nuevo esquema laboral que incluye convenios colectivos por empresa, aumentos salariales por productividad y la eliminación de multas a empleadores por trabajo informal. La propuesta fue presentada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados, y marca un fuerte giro en la relación entre el Estado, los trabajadores y el sector privado.
Según detalló el funcionario, la reforma apunta a permitir que cada empresa negocie condiciones específicas con sus trabajadores, especialmente si no puede afrontar las paritarias nacionales. El objetivo es adaptar los acuerdos laborales a la realidad económica de cada firma y región, algo que en provincias como Salta podría profundizar las diferencias salariales ya existentes.
Otro de los ejes es la implementación de un salario dinámico, es decir, una remuneración que varíe según el desempeño individual del trabajador. Desde el Gobierno aseguran que la baja de la inflación permite pasar de una lógica de aumentos generales a una negociación basada en mérito y productividad. Sin embargo, desde sectores gremiales se teme que esta lógica fomente la precarización y debilite la negociación colectiva.
La eliminación de las multas por empleo no registrado también generó polémica. Cordero argumentó que estas sanciones solo beneficiaban al Estado y no al trabajador, y que quitarlas busca promover la formalización. En Salta, donde la informalidad supera el 40% en algunas actividades, preocupa que esto incentive aún más el empleo en negro.
La reforma, respaldada por el oficialismo y parte de la oposición, se presenta como uno de los pilares de la segunda etapa del gobierno de Javier Milei. Pero su implementación genera dudas sobre su efecto real en el interior del país, donde las condiciones laborales son más frágiles y la dispersión salarial podría agravarse.
Con un mercado laboral local golpeado por la recesión, el freno de la obra pública y la pérdida de empleo en sectores clave como la construcción, muchos salteños ven con incertidumbre los cambios que se vienen. A pesar del discurso oficial, que promete eficiencia y libertad de contratación, la brecha entre los objetivos del Gobierno y la realidad en provincias como Salta aún parece difícil de cerrar.
