El Gobierno nacional confirmó que la reforma de la Ley Penal Juvenil será uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para febrero. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, forma parte del paquete de medidas vinculadas a seguridad y justicia que el oficialismo busca acelerar en el inicio del año legislativo.
El proyecto apunta a modificar de manera sustancial el régimen penal juvenil vigente, con un punto clave que ya genera debate político y social: la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La propuesta retoma un texto que ya había avanzado en Diputados durante 2025, aunque con cambios introducidos por el área de Justicia que buscan aggiornar la normativa a los lineamientos del actual Gobierno.
La confirmación llegó tras una reunión de Gabinete realizada en Casa Rosada, donde se definió el temario que el Ejecutivo enviará al Congreso durante el período extraordinario. La reforma penal juvenil será tratada junto con otros proyectos considerados prioritarios, como la modernización laboral y acuerdos de relevancia económica e institucional.
Desde el oficialismo destacan que el régimen actual quedó desfasado frente a la realidad del delito y sostienen que la legislación vigente no da respuestas eficaces ante hechos graves protagonizados por menores. En ese sentido, remarcan que Argentina mantiene una de las edades de imputabilidad más altas de la región y del mundo, un argumento que aparece como eje central del discurso oficial.
La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo político dentro del espacio libertario y aliados. Legisladores nacionales vienen reclamando desde hace tiempo una actualización del sistema penal juvenil, al considerar que la ley actual no contempla mecanismos adecuados de responsabilidad ni de reinserción para adolescentes que cometen delitos graves.
En la misma línea, desde el entorno de seguridad del Gobierno señalan que la reforma no se limita únicamente a bajar la edad de imputabilidad, sino que busca establecer un nuevo régimen integral, con penas diferenciadas, procesos judiciales específicos y herramientas orientadas a evitar la reincidencia. Según explican, el objetivo es combinar sanción con un esquema de seguimiento y contención que hoy no existe de manera efectiva.
El debate promete ser intenso en el Congreso. Mientras el oficialismo plantea la reforma como una respuesta necesaria frente a la inseguridad, sectores de la oposición anticipan cuestionamientos vinculados al impacto social de la medida y a la situación del sistema penitenciario y de protección de la niñez. Aun así, el Gobierno confía en lograr los consensos necesarios para avanzar con el tratamiento.
La reforma penal juvenil se suma a una agenda cargada que el Ejecutivo busca discutir durante el verano, con la intención de marcar el ritmo político del año. Para la administración de Milei, se trata de una ley simbólica dentro de su narrativa de orden, seguridad y cambio de paradigma en el rol del Estado frente al delito.
Con este escenario, febrero aparece como un mes clave para el futuro del proyecto. El tratamiento en sesiones extraordinarias pondrá sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la agenda pública argentina y definirá hasta dónde el oficialismo logra avanzar con una de sus reformas más controvertidas.
