El Gobierno nacional acordó restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, en un intento por conservar el respaldo de sus aliados legislativos y evitar que avance la derogación completa del DNU 70/23.
La modificación fue incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados y será debatido el 21 de octubre. La iniciativa busca recuperar los límites establecidos por la Ley de Tierras de 2011, cuya derogación había sido dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei.
El cambio representa un giro en la postura del oficialismo, que había impulsado la eliminación de esas restricciones. La decisión también coincide con un fallo cautelar de la Corte Suprema que restituyó temporalmente la vigencia de la normativa.
La estrategia libertaria apunta a mantener el respaldo de los bloques aliados que cuestionan la venta irrestricta de tierras rurales, pero que no acompañan una derogación total del decreto presidencial.
El DNU 70/23 eliminó numerosas regulaciones en sectores como el comercio, el transporte, la salud, el mercado laboral y el sector inmobiliario. Entre otras medidas, derogó las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, además de flexibilizar las condiciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Desde el oficialismo sostienen que anular el decreto en su totalidad podría generar incertidumbre jurídica y complicaciones administrativas. Por eso, buscan separar los puntos que generan mayor rechazo y negociar modificaciones puntuales para sostener el resto de la normativa.
La Ley de Tierras, sancionada en diciembre de 2011, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. También fija un límite del 30% para la participación de titulares de una misma nacionalidad dentro del cupo permitido a extranjeros.
Además, restringe la adquisición de terrenos rurales que contengan cuerpos de agua relevantes o se encuentren en zonas de seguridad de frontera.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluye otros cambios vinculados con las expropiaciones, las ocupaciones de inmuebles y los desalojos por falta de pago. En materia de expropiaciones, exige una justificación expresa de la utilidad pública y propone calcular las indemnizaciones según el valor de mercado, con contemplación del lucro cesante.
También incorpora un procedimiento de restitución de inmuebles ocupados que podría concretarse en 72 horas cuando el propietario presente la documentación correspondiente. Para los casos de falta de pago de alquileres, prevé una intimación previa y un plazo de diez días para cancelar la deuda.
Con las modificaciones acordadas, el oficialismo busca avanzar con una iniciativa que combina mayores garantías para los propietarios con la recuperación de restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Si Diputados aprueba el proyecto con los cambios incorporados, el texto deberá regresar al Senado para su tratamiento definitivo.
