El Gobierno del presidente Javier Milei tomó una decisión clave en materia de defensa nacional y soberanía tecnológica. Una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que el Ministerio de Defensa deberá intervenir de manera obligatoria en todos los proyectos vinculados a radares, observatorios y sistemas aeroespaciales dentro del territorio argentino.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, apunta a prevenir la instalación de infraestructura extranjera con posible uso dual (civil y militar), en un contexto donde se multiplican las advertencias sobre la influencia tecnológica y geopolítica de China en la región.
Fuentes de Defensa confirmaron que existen cuatro proyectos bajo análisis, dos de origen chino, uno estadounidense y otro europeo. El caso más sensible es el del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) en San Juan, cuya construcción se encuentra en su tramo final y enfrenta demoras por trabas aduaneras.
Aunque el proyecto fue presentado como una iniciativa científica conjunta entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Conicet y la Academia China de Ciencias, distintos organismos advirtieron sobre la posibilidad de que su infraestructura sea utilizada para fines de inteligencia y comunicación estratégica, como ocurrió con la estación espacial de Neuquén, cedida al régimen de Pekín durante el kirchnerismo.
La resolución busca reforzar la supervisión estatal sobre toda infraestructura con posible uso estratégico y garantizar que el país mantenga el control sobre su desarrollo científico y tecnológico, sin comprometer la soberaría siendo funcional a intereses externos. La decisión se produce luego del acercamiento diplomático con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado públicamente su preocupación por el avance chino en América Latina.
La Universidad Nacional de San Juan, alineada con la Academia China de Ciencias, denunció demoras en la liberación de piezas del CART retenidas en Aduana, alegando el carácter “estrictamente científico” del proyecto para evitar la revisión del Ministerio de Defensa. El convenio original del radiotelescopio venció este año, dejando la iniciativa en un vacío jurídico que ahora será revisado en profundidad, mientras la obra permanece paralizada y bajo observación del Gobierno nacional.
Con esta resolución, el Gobierno de Milei marca un punto de inflexión: el país volverá a tener control soberano sobre sus proyectos científicos y tecnológicos, evitando que se repita el modelo de “colonización silenciosa” impulsado por China durante los gobiernos kirchneristas.
