En un contexto de fuerte tensión institucional y con una notoria resistencia política, el Gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás con la disolución y transformación de varios organismos públicos, entre ellos Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), decisiones que habían generado amplio rechazo tanto en el Congreso como en distintos sectores sociales.
La revocación quedó oficializada este martes a través de los Decretos 627/2025 y 628/2025, publicados en el Boletín Oficial, en los que se restituye la validez plena de las normativas derogadas por una serie de decretos anteriores que proponían una reestructuración profunda del Estado.
Con esta decisión, el Ejecutivo anula formalmente las medidas que buscaban avanzar con la disolución de organismos estratégicos. La marcha atrás no fue voluntaria: ambas cámaras del Congreso rechazaron los decretos del presidente Javier Milei, obligando al oficialismo a revertir sus pasos frente a la presión política e institucional.
En la provincia de Salta, donde organismos como el INTA y Vialidad Nacional tienen un rol clave para el desarrollo productivo y la infraestructura vial, la noticia generó alivio entre trabajadores y sectores vinculados al agro y la obra pública. El temor al desmantelamiento de estas instituciones había despertado preocupación en municipios del interior, especialmente en zonas rurales que dependen de la asistencia técnica del INTA o del mantenimiento de rutas nacionales a cargo de Vialidad.
En localidades como Joaquín V. González, Rosario de la Frontera o Tartagal, donde el campo y la producción agroindustrial forman parte del tejido económico principal, el retroceso del Gobierno fue leído como una señal de que la presión social y política puede frenar el ajuste.
Qué organismos vuelven a funcionar
A partir de la restitución de las normativas derogadas, se garantiza nuevamente el funcionamiento pleno de:
-
Vialidad Nacional, encargada de la construcción, mantenimiento y fiscalización de rutas nacionales, fundamentales en una provincia con grandes distancias y caminos estratégicos para el comercio regional.
-
El INTA, que en Salta tiene presencia activa en varias localidades brindando asistencia técnica a pequeños y medianos productores, sobre todo en agricultura familiar y cultivos andinos.
-
El INTI, fundamental para el desarrollo tecnológico y la certificación de calidad en productos industriales.
-
El Teatro Nacional Cervantes, símbolo de la cultura federal que también realiza giras por provincias como Salta.
-
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en los últimos años reforzó su presencia en las rutas salteñas, especialmente en puntos críticos de siniestralidad.
-
La ARICCAME, encargada de regular la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, una actividad incipiente con potencial en el norte argentino.
-
El Banco Nacional de Datos Genéticos, clave en causas de derechos humanos, especialmente en coordinación con organismos como Abuelas de Plaza de Mayo.
-
La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que también tiene implicancia en los servicios ferroviarios y de carga que atraviesan la región.
También se deja sin efecto la declaración como “servicio esencial” de la navegación marítima y fluvial, y se anulan modificaciones al Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional.
Si bien las entidades recuperan sus facultades originales, el control administrativo, financiero y legal permanecerá temporalmente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Secretaría General de la Presidencia. Esto implica que, hasta que se reorganicen completamente, estos organismos estarán intervenidos de hecho, bajo supervisión directa del Ejecutivo nacional.
En los hechos, esta situación podría demorar la reactivación operativa en provincias como Salta, donde cada organismo requiere estructura, presupuesto y personal para funcionar con normalidad. Por ejemplo, muchas delegaciones locales aún no tienen certeza sobre el destino de contratos, nombramientos y fondos asignados para programas específicos.
El retroceso marca un golpe institucional importante para el Gobierno de Javier Milei, que buscaba avanzar con una reforma del Estado a través de decretos sin pasar por el Congreso. El rechazo legislativo, sin embargo, dejó en evidencia que no hay consenso político para avanzar con decisiones unilaterales que afecten servicios públicos esenciales y estructuras históricas del Estado nacional.
Además, dejó al descubierto que el plan de "motosierra" tiene límites cuando toca intereses estratégicos o pone en riesgo el funcionamiento de áreas técnicas clave para la producción, la ciencia, la infraestructura y la salud pública.
En un escenario económico complejo y con la obra pública prácticamente frenada, la continuidad de estos organismos no sólo garantiza empleos estatales, sino también servicios fundamentales para la ciudadanía y el desarrollo regional.
No obstante, la situación sigue siendo incierta: el Gobierno podría insistir con nuevas reformas mediante otros mecanismos o intentar avanzar con recortes presupuestarios que afecten indirectamente a estas entidades. Desde distintos sectores ya se advierte que la vigilancia deberá continuar para evitar nuevas embestidas.
