La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares reavivó la discusión sobre la verdadera necesidad de mantener el esquema de beneficios fiscales que rige en Tierra del Fuego desde hace más de cinco décadas.
Este régimen representa un alto costo para las arcas públicas y los argentinos, tiene escasa incidencia en la generación de empleo y valor agregado, y ha influido negativamente en los precios de productos electrónicos y móviles, especialmente durante los períodos de fuerte protección a las importaciones, perjudicando fuertemente a los consumidores.
En los últimos días, destacados funcionarios del equipo de Javier Milei expresaron su desacuerdo con el modelo productivo vigente en la isla patagónica. “Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior”, señaló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
A su vez, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, agregó: “El menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”.
“El régimen fueguino es un régimen mal diseñado que cada vez es más costoso porque en vez de generar actividad sustentable, cada vez le cuesta más competir con la actividad electrónica mundial y se han tenido que ir sumando actividades al esquema en los últimos años. El último fueron los celulares en 2009”, explicó al medio Infobae Juan Carlos Hallak, investigador del Conicet y coautor del estudio elaborado por la Fundación Fundar sobre este régimen.
De acuerdo con lo explicado por el analista, mantener los beneficios fiscales del subrégimen industrial de Tierra del Fuego le representa al Estado, y al bolsillo de los argentinos, un costo anual de 1.070 millones de dólares, fondos que podrían destinarse a actividades más eficientes y rentables, según consideró Juan Carlos Hallak.
En la isla existe un régimen general que otorga exenciones impositivas a sus habitantes —creado originalmente para incentivar el poblamiento del extremo sur del país— y, al mismo tiempo, un subrégimen específico para empresas, principalmente del rubro electrónico, que es el que conlleva el mayor gasto fiscal. Dado que la población de la provincia es reducida, el impacto del régimen general es mucho menor.
Según Hallak, “lo que cuesta plata es el subrégimen industrial, que regula que las empresas puedan importar insumos para la producción, que en electrónica son los kits, y que luego vendan el producto terminado en el continente”.
El mismo día en que se anunciaron las nuevas medidas por parte del Gobierno de Mieli, Hallak había señalado que, aunque recortar los incentivos fiscales podría tener un efecto negativo sobre el empleo en la isla, el impacto global sobre el mercado laboral nacional sería positivo.
Según sus cálculos, el régimen generaba una pérdida neta de unos 60.000 puestos de trabajo en todo el país, debido a que es una actividad de escasa demanda de mano de obra, especialmente si se la compara con el sector servicios. “El menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, añadió el funcionario.
“Es un chupadero de plata terrible. Es mucho costo sin mucho beneficio. Es poca gente, son 10.000 personas para mantener un sistema ineficiente que no tiene sentido estar ahí. Por eso, planteamos la reformulación del régimen, que apunte a premiar el valor agregado”, expresó el investigador del Conicet.
