La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a Argentina transferir el 51% de las acciones clase D de YPF a los demandantes Burford Capital y Eton Capital, como parte del pago de US$17.750 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.
La decisión, emitida el 30 de junio de 2025, generó una caída del 5,6% en las acciones de YPF en Wall Street y desató una inmediata reacción del gobierno argentino, con el presidente Javier Milei anunciando una apelación.
El fallo estipula que Argentina debe depositar las acciones en una cuenta del Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de 14 días. La sentencia original de septiembre de 2023 condenó al país a pagar US$16.100 millones, más US$1.650 millones en intereses acumulados a una tasa del 5,42% anual, según cálculos del analista Sebastián Maril de Latam Advisors. Cada día de demora suma cerca de US$3 millones en intereses.
Milei atribuyó la responsabilidad al exgobernador Axel Kicillof, calificándolo de “inútil soviético” en redes sociales. La Procuración del Tesoro liderará la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, aunque expertos como Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro, advierten que el proceso podría extenderse más allá de 2025, ya que la Cámara no tiene plazos definidos para resolver.
Además, la ley argentina que habilitó la expropiación exige la aprobación del Congreso por dos tercios para transferir las acciones, lo que añade otra capa de complejidad.
El litigio se originó por la nacionalización de YPF en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, que compensó a Repsol con bonos, pero no a otros accionistas, violando el estatuto de la empresa, según Preska. Argentina no depositó una garantía en enero de 2024 para evitar embargos, lo que derivó en la orden de transferencia de acciones.
La Casa Rosada mantiene cautela sobre la estrategia judicial, mientras el juicio sigue acumulando costos y tensiones.
