Los gobernadores de cinco provincias patagónicas solicitaron al Congreso nacional el tratamiento urgente de la ley de Emergencia Ígnea, al considerar que la actual temporada de incendios forestales expuso límites operativos y presupuestarios que requieren una respuesta excepcional. El pedido fue consensuado durante una reunión virtual en la que coincidieron en la necesidad de acelerar herramientas legislativas que permitan reforzar el combate del fuego y asistir a las zonas afectadas.
Del encuentro participaron los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, quienes evaluaron el impacto de los incendios registrados en los últimos meses y el escenario que se proyecta en el marco de la crisis climática. Según el relevamiento compartido, el fuego ya arrasó con cerca de 230.000 hectáreas en la región, una superficie que refleja la dimensión del problema y la urgencia del planteo.
La provincia más afectada fue La Pampa, con más de 168.000 hectáreas quemadas, seguida por Chubut con alrededor de 45.000. En Neuquén se contabilizaron unas 6.000 hectáreas dañadas, mientras que en Río Negro la cifra rondó las 10.000 y en Santa Cruz superó las 700. Más allá de las particularidades de cada territorio, los gobernadores coincidieron en que el impacto ambiental, productivo y social es profundo y deja secuelas de largo plazo.
Durante el análisis, destacaron el trabajo que se viene realizando de manera coordinada con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Valoraron el despliegue de brigadistas, medios aéreos y recursos logísticos, así como la articulación entre distintas jurisdicciones para contener los focos más críticos. Sin embargo, advirtieron que ese esfuerzo resulta insuficiente frente a incendios cada vez más extensos, intensos y difíciles de controlar.
En ese sentido, remarcaron que el cambio climático está modificando las condiciones habituales: temporadas más secas, altas temperaturas persistentes y vientos intensos generan escenarios de riesgo extremo. Frente a ese contexto, plantearon que se necesitan recursos extraordinarios y un marco legal que permita actuar con mayor rapidez, tanto en la prevención como en la respuesta y la recuperación posterior.
La ley de Emergencia Ígnea aparece como una herramienta central para ese objetivo. Su sanción permitiría destrabar fondos especiales, agilizar la contratación de medios aéreos, reforzar el equipamiento de brigadas y mejorar la planificación integral frente a los incendios forestales. Además, facilitaría la asistencia directa a las comunidades damnificadas y el acompañamiento a sectores productivos que sufrieron pérdidas severas.
Los gobernadores también pusieron el foco en la etapa posterior a los incendios. Señalaron que la recuperación ambiental y económica de las zonas afectadas requiere políticas sostenidas, inversiones y coordinación entre Nación y provincias. La degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y el impacto sobre actividades como la ganadería, el turismo y la producción forestal son consecuencias que no se resuelven en el corto plazo.
En el marco de este planteo, los mandatarios informaron que mantuvieron diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de impulsar el tratamiento de la norma durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. El objetivo es evitar demoras legislativas y lograr una respuesta acorde a la urgencia que impone la situación.
Desde las provincias sostienen que el debate no puede dilatarse. Consideran que la experiencia de los últimos meses dejó en claro que los incendios forestales ya no son episodios aislados, sino un problema estructural que requiere planificación, inversión y un enfoque federal. La Emergencia Ígnea, afirman, permitiría ordenar esa respuesta y dotar al Estado de mayor capacidad de acción.
El reclamo conjunto busca también enviar una señal política clara: frente a un fenómeno que no reconoce límites provinciales, la respuesta debe ser coordinada y sostenida en el tiempo. En un escenario marcado por eventos climáticos extremos, los gobernadores advierten que anticiparse es clave para reducir daños y proteger tanto a las poblaciones como a los ecosistemas.
Con este pedido, las provincias patagónicas intentan instalar el tema en la agenda legislativa nacional y acelerar definiciones. Mientras el fuego sigue dejando huellas profundas en el territorio, la discusión por la Emergencia Ígnea vuelve a ocupar un lugar central como una herramienta considerada indispensable para enfrentar un desafío que, lejos de ser coyuntural, llegó para quedarse.
