La Argentina volvió a marcar límites en el juicio por la expropiación de YPF al rechazar un pedido judicial para entregar información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central. La respuesta fue presentada ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que entiende en la causa iniciada por los beneficiarios del fallo que condenó al país a pagar una suma que, con intereses, ya ronda los USD 18.000 millones.
El planteo apuntaba a que el Estado argentino aportara datos precisos sobre el oro que integra las reservas internacionales, en el marco del proceso de discovery impulsado por Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia. Desde el Gobierno sostuvieron que ese requerimiento resulta improcedente, ya que las reservas pertenecen al Banco Central, un organismo autárquico y jurídicamente independiente del Tesoro Nacional.
En su descargo, la defensa del Estado explicó que el Poder Ejecutivo no tiene acceso directo a la información solicitada ni competencia legal para disponer de ella. Además, remarcó que los activos del Banco Central gozan de inmunidad y no pueden ser objeto de embargo, un punto que consideran central dentro de la legislación argentina y del derecho internacional.
El rechazo incluyó también la negativa a que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar en relación con ese pedido puntual. Según la postura oficial, esa citación carece de sustento, ya que el funcionario no administra ni controla las reservas de la autoridad monetaria.
La discusión se da en un contexto de creciente tensión judicial. En enero de este año, la jueza Preska había ordenado a la Argentina entregar una amplia batería de información requerida por los demandantes, entre la que se incluían datos sensibles sobre activos estatales. A partir de esa decisión, el país avanzó con un proceso de cooperación que, según la Procuración del Tesoro, fue extenso y realizado de buena fe.
Desde el organismo que conduce la estrategia legal del Estado aseguraron que ya se entregaron más de 113.000 páginas de documentación y se brindaron testimonios de distintos funcionarios, cumpliendo con las exigencias del tribunal. En ese marco, advirtieron que los nuevos pedidos cruzan un límite razonable y configuran lo que describen como un “acoso procesal”.
A fines del año pasado, Burford Capital solicitó que la Argentina sea declarada en desacato, bajo el argumento de que no habría cumplido plenamente con ciertas órdenes judiciales. Entre las medidas reclamadas se incluyen sanciones civiles, multas diarias millonarias y el reconocimiento del Estado como “alter ego” de distintos entes públicos, como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de facilitar eventuales embargos.
En la Procuración consideran que esta estrategia apunta a acelerar la ejecución de la sentencia y presionar sobre activos sensibles, ante la posibilidad de que instancias superiores revisen o incluso reviertan el fallo. En esa línea, recuerdan que ya se intentó avanzar sobre la participación accionaria del Estado en YPF, que alcanza el 51%.
Este jueves está prevista una audiencia que había sido fijada con anterioridad al pedido de sanciones. Desde el Gobierno adelantaron que la posición será más firme que en presentaciones anteriores y que insistirán en la razonabilidad de sus argumentos jurídicos, especialmente en lo referido a la autonomía del Banco Central y a la inmunidad de sus reservas.
Tras el rechazo formal a la entrega de información sobre el oro, Burford tendrá la posibilidad de presentar un nuevo descargo el 19 de febrero. Recién hacia fines de marzo el tribunal podría comenzar a analizar de fondo el pedido de sanciones, en un proceso que sigue sumando capítulos y complejidad.
En el entorno oficial también subrayan el costado económico del litigio. Burford adquirió los derechos para litigar por la expropiación de YPF a cambio de unos USD 16 millones y hoy aspira a cobrar una suma que se multiplicó de manera exponencial. Según remarcan, esa diferencia impacta de manera directa sobre las finanzas públicas y, en última instancia, sobre el conjunto de los argentinos.
Mientras tanto, el juicio por YPF continúa siendo uno de los frentes judiciales más sensibles para la Argentina en el exterior, con implicancias económicas, políticas y financieras de largo alcance, y con un escenario que aún permanece abierto.
