Axel Kicillof, ha adoptado una postura que, lejos de defender los intereses nacionales, parece más orientada a desviar responsabilidades y mantener una narrativa populista que no resiste el análisis objetivo.
Su defensa de la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, ignora las consecuencias de una decisión mal ejecutada que hoy pone en jaque la soberanía energética que tanto dice proteger. Kicillof culpa a Javier Milei por el fallo de la justicia estadounidense que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF, acusándolo de “entregar” la empresa a “fondos buitres”.
Sin embargo, omite que el origen de esta crisis radica en la expropiación que él mismo respaldó como ministro. La jueza Loretta Preska determinó que la nacionalización incumplió el estatuto de YPF al no compensar adecuadamente a los accionistas minoritarios, lo que derivó en una condena de US$16.000 millones. Este error estratégico de la gestión kirchnerista, en la que Kicillof tuvo un rol central, es la raíz del problema, no las acciones del actual gobierno.
Además, Kicillof critica la inacción de Milei por no presentar una garantía para evitar embargos, pero no propone soluciones concretas ni asume la responsabilidad por el diseño defectuoso de la expropiación que desencadenó el juicio. Su ataque al procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, por excusarse del caso, parece más un intento de desviar la atención que una crítica fundamentada.
Si el procurador tenía conflictos de interés, su apartamiento es un acto de transparencia, no de negligencia. Kicillof, en cambio, no explica cómo habría defendido mejor los intereses argentinos en un caso que, desde su génesis, estaba viciado por decisiones políticas de su propia gestión.
Acusar a Milei de poner en riesgo la “soberanía energética” es una maniobra retórica que no aborda el fondo del problema: la expropiación de YPF, aunque presentada como un acto de patriotismo, fue mal planificada y ejecutada, dejando al país expuesto a un fallo internacional devastador.
Kicillof, en lugar de reconocer los errores del pasado, opta por señalar culpables externos, una táctica que no resuelve la crisis ni protege los activos nacionales. Su postura refleja una falta de autocrítica y una priorización de la narrativa política por encima de los intereses de Argentina, justo en un momento en que el país necesita soluciones prácticas para mitigar el impacto de este fallo.
