La situación judicial de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma Group, se torna cada vez más crítica. A la investigación por la muerte de al menos 68 pacientes en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA, ahora se suma una denuncia por documentación falsa.
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, denunció penalmente a la empresa por haber presentado ante organismos oficiales una constancia municipal presuntamente falsificada, con el objetivo de conseguir la habilitación para importar sustancias controladas, como el citrato de fentanilo.
Según la documentación presentada en la causa, en diciembre de 2023, fue Olga Luisa Arena, de 90 años y abuela del empresario, quien entregó el cuestionado certificado en nombre de la empresa ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). Este documento era clave para lograr el permiso de importación.
Sin embargo, el supuesto certificado emitido por la Municipalidad de San Isidro no figura en los registros oficiales. Desde el municipio lo desmintieron categóricamente: HLB Pharma nunca solicitó esa constancia en esa fecha y, además, la habilitación municipal que tenía le fue revocada por irregularidades.
"Estaban operando con un permiso precario", señalaron fuentes comunales. Esta revocación vuelve aún más grave el intento de presentar un documento como válido ante un organismo nacional.
La presentación del documento falso podría sumar una nueva imputación contra García Furfaro, ya investigado por el uso y distribución de fentanilo contaminado con bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Estos casos están vinculados directamente con las muertes de decenas de pacientes en distintos centros de salud del país.
En la causa principal, que tramita el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, ya se dictaron medidas de alto impacto: prohibición de salida del país e inhibición general de bienes para 24 personas, incluido el titular de HLB Pharma.
Ahora, el expediente por la constancia falsa está en manos del juez Sebastián Casanello, quien deberá determinar si corresponde imputar penalmente a García Furfaro y a otros responsables de la firma en esta nueva línea de investigación.
El Ministerio de Seguridad considera que la presentación del certificado adulterado podría encuadrarse en los artículos 44 y 44 bis de la Ley 23.737, conocida como Ley de Estupefacientes. Esta norma prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes falseen documentación en trámites ante el RENPRE, organismo que controla estrictamente la importación de drogas legales para evitar desvíos al narcotráfico.
A su vez, el RENPRE notificó formalmente a la empresa sobre el inicio de un proceso administrativo, que derivó en la actual denuncia penal.
Esta documentación fue clave para que HLB Pharma intentara habilitarse como importador de sustancias químicas altamente reguladas, como el fentanilo, un opioide de uso hospitalario que, en manos equivocadas o sin controles adecuados, puede ser letal.
En medio de las múltiples denuncias, la ANMAT prohibió oficialmente el producto a base de fentanilo fabricado por HLB Pharma mediante la Disposición 3156/2025. La medida se tomó luego de detectar contaminación bacteriana en varios lotes.
Además, el juez Kreplak ordenó allanamientos en dos oportunidades a los laboratorios del grupo, buscando determinar si hubo negligencia, irregularidades en los controles sanitarios o un accionar deliberado que puso en riesgo la salud pública.
La preocupación no es menor: se trata de una droga sumamente potente, cuyo uso indebido o mal manejo puede provocar sobredosis, infecciones severas o incluso la muerte, como ocurrió en los casos que están siendo investigados.
