El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, fue trasladado este miércoles desde los tribunales de Comodoro Py hacia la cárcel de Ezeiza, donde comenzará a cumplir la pena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por su responsabilidad en la Tragedia de Once. La decisión se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena, rechazando los últimos recursos presentados por la defensa y el Ministerio Público Fiscal.
De Vido había acudido a Comodoro Py para participar de una audiencia relacionada con la causa conocida como “Cuadernos” y, desde allí, fue llevado directamente al complejo penitenciario bonaerense, tras la negativa del Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 a otorgarle prisión domiciliaria. La medida marca un nuevo capítulo en un caso que mantiene la atención de la opinión pública y el debate sobre la responsabilidad política en hechos de corrupción y negligencia en la gestión pública.
Su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, consideró el traslado como una “decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales” y adelantó que presentará un recurso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Según la defensa, la medida podría constituir una vulneración de los derechos de De Vido mientras se sigue evaluando su situación legal.
La Corte Suprema, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los recursos presentados por ambas partes y ratificó la condena, confirmando que De Vido actuó como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia lo responsabiliza por no haber ejercido el control adecuado sobre el uso de fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada de operar la línea Sarmiento, cuya negligencia provocó el trágico accidente de febrero de 2012 que dejó 51 muertos y cientos de heridos.
El TOF N°4 había condenado a De Vido en 2018, y la Cámara Federal de Casación Penal había ratificado esa decisión tiempo después. En 2024, la Corte Suprema confirmó nuevamente la responsabilidad penal, aunque ordenó revisar el monto de la pena. Finalmente, la condena quedó fijada en cuatro años de prisión efectiva, desestimando los intentos de la defensa de cerrar la causa o reducir la responsabilidad del ex funcionario.
La noticia generó repercusiones inmediatas en distintos ámbitos políticos y judiciales del país. En Salta, donde la figura de De Vido es conocida por su rol central durante la gestión nacional y por proyectos vinculados a infraestructura y obras públicas, la medida fue seguida con atención, dado que la justicia federal y los casos de corrupción siguen siendo temas de interés constante para los vecinos y medios locales.
Este traslado también pone en foco la discusión sobre la ejecución de penas de exfuncionarios nacionales, el funcionamiento del sistema penitenciario y los derechos de los detenidos en causas de alto perfil. En particular, la Tragedia de Once se mantiene como un símbolo de la negligencia en la gestión del transporte público y de la falta de controles sobre los fondos destinados a servicios esenciales para millones de argentinos.
Más allá de la condena, la causa ha dejado enseñanzas sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión de los recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios en la administración de obras y servicios estratégicos. La provincia de Salta, como muchas otras regiones del país, ha seguido con atención los fallos judiciales que afectan a exministros y responsables de la gestión nacional, reconociendo la importancia de la transparencia y el control ciudadano en la política.
De Vido llega ahora a Ezeiza con un historial judicial extenso, marcado por su implicancia en varias causas de corrupción y su participación en decisiones de alto impacto durante su paso por la gestión kirchnerista. Su traslado se produce en un contexto de debate público sobre las penas a funcionarios de alto rango y sobre cómo el sistema judicial argentino maneja casos de gran visibilidad mediática y política.
La expectativa ahora se centra en las futuras acciones de la defensa ante organismos internacionales y en cómo se desarrollará la ejecución de la pena. Mientras tanto, la sociedad sigue de cerca este caso que combina justicia, política y memoria de una de las peores tragedias ferroviarias del país, recordando la importancia de que hechos como los de Once no queden impunes.
En Salta, como en todo el país, la noticia genera discusiones sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de un sistema judicial firme, que logre aplicar la ley con transparencia y celeridad, sin dejar de respetar los derechos humanos fundamentales de los imputados.
La historia de Julio De Vido y la Tragedia de Once sigue siendo un recordatorio del impacto que tienen las decisiones de los funcionarios sobre la vida de miles de personas, y cómo la justicia busca equilibrar el castigo con la protección de los derechos de quienes ocupan cargos de poder.
