Argentina volvió a mostrar señales de deterioro en materia institucional. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 reflejó una caída de cinco posiciones en el ranking global, ubicando al país en el puesto 104 entre 182 naciones evaluadas. Con un puntaje de 36 sobre 100, el resultado marca un retroceso respecto del año anterior y consolida una tendencia de estancamiento en políticas de integridad pública.
El desempeño argentino quedó por debajo del promedio de América, que se ubicó en 42 puntos, y lejos de los países mejor posicionados de la región. Mientras Uruguay y Chile continúan encabezando los estándares de transparencia, Argentina se mantiene en un bloque intermedio, compartiendo ubicación con países que atraviesan conflictos políticos o institucionales prolongados.
El informe advierte que el principal factor detrás de la caída es la falta de políticas activas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el sector público. La ausencia de reformas estructurales, junto con respuestas limitadas frente a irregularidades detectadas en áreas sensibles del Estado, impactó de manera directa en la percepción de empresarios y especialistas que participan de la medición.
Entre los puntos que más erosionaron la confianza se destacan los problemas vinculados a la administración de recursos públicos en organismos clave y los desmanejos en sistemas de control que deberían garantizar transparencia y trazabilidad. Estas falencias, según el relevamiento, afectan especialmente a los sectores más vulnerables y profundizan la desconfianza sobre el uso de fondos estatales.
A nivel global, el ranking volvió a ser liderado por Dinamarca y Finlandia, que sostienen altos estándares de integridad institucional. En el extremo opuesto, países atravesados por crisis humanitarias y políticas estructurales cerraron la lista con los peores registros. En América Latina, el panorama general es de estancamiento, con escasos avances y retrocesos generalizados.
El Índice de Percepción de la Corrupción se construye a partir de encuestas a expertos y actores del sector privado, y evalúa exclusivamente la corrupción en el ámbito público y administrativo. En el caso argentino, el puntaje surge del análisis de múltiples fuentes internacionales que miden gobernanza, transparencia y calidad institucional.
El resultado vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, promover la rendición de cuentas y avanzar en políticas sostenidas que permitan revertir una tendencia que, año tras año, sigue mostrando señales de desgaste.
