La Confederación General del Trabajo se encamina a un nuevo conflicto judicial con el Gobierno nacional a partir del proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso. La conducción cegetista considera que la iniciativa, tal como está redactada, contiene artículos que avanzan sobre derechos constitucionales básicos y anticipa que, de convertirse en ley sin modificaciones sustanciales, será impugnada ante la Justicia.
Desde la central sindical advierten que el texto oficial no solo afecta derechos individuales de los trabajadores, sino también el funcionamiento del sistema de relaciones laborales y la capacidad de acción de las organizaciones gremiales. En ese marco, el equipo jurídico de la CGT ya trabaja en un análisis pormenorizado del proyecto para definir la estrategia legal que podría desplegarse en los tribunales.
En paralelo al camino judicial, la conducción sindical mantiene contactos con legisladores de distintos bloques con el objetivo de introducir cambios en los puntos más conflictivos de la reforma. La intención es abrir una instancia de diálogo político que permita corregir aspectos que, a criterio de la CGT, generan un desequilibrio en perjuicio de los trabajadores y abren la puerta a una mayor conflictividad.
No obstante, en el seno de la central obrera reconocen que el escenario es complejo y que la posibilidad de una judicialización vuelve a ganar fuerza. El antecedente inmediato es la impugnación del DNU 70/2023, cuando la Justicia laboral declaró la invalidez constitucional del capítulo vinculado al trabajo tras una acción de amparo presentada por la CGT. Ese fallo se transformó en un punto de apoyo clave para el análisis actual.
Uno de los ejes centrales del rechazo sindical es la reglamentación del derecho de huelga incluida en el artículo 88 del proyecto. La norma establece niveles mínimos de actividad durante las medidas de fuerza, con un piso del 75% para los servicios considerados esenciales y del 50% para los calificados como trascendentales. Para la CGT, esta regulación resulta más restrictiva que los estándares internacionales y limita de manera indebida una herramienta constitucional.
Dentro de los servicios esenciales se incluyen áreas como la salud, el transporte y la distribución de energía, las telecomunicaciones, la educación obligatoria, la actividad portuaria y aeroportuaria, los servicios aduaneros y la recolección de residuos. En tanto, como actividades de importancia trascendental se enumeran sectores como el transporte terrestre, la industria alimenticia, la producción de medicamentos, los servicios financieros, la actividad minera, el comercio electrónico y buena parte de la cadena agroindustrial.
Desde el sindicalismo sostienen que la amplitud de estas categorías y los porcentajes exigidos vacían de contenido el derecho de huelga, al imponer condiciones que, en la práctica, dificultan o neutralizan su ejercicio. Ese mismo argumento fue determinante en la decisión judicial que dejó sin efecto una redacción similar incluida en el DNU 70, ahora retomada en el proyecto de ley.
Las objeciones no provienen únicamente del ámbito gremial. Especialistas en derecho laboral advierten que la redacción de algunos artículos podría derivar en una ola de litigios si la reforma se aprueba sin precisiones adicionales. Señalan que la falta de claridad normativa y la superposición de criterios abren un escenario de incertidumbre tanto para trabajadores como para empleadores.
Entre los puntos que generan mayor debate también aparecen la discusión sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de revisar acuerdos vigentes y la eventual prioridad de los convenios por empresa sobre los de alcance nacional o regional. Estos cambios, presentados por el oficialismo como herramientas de modernización, despiertan preocupación por su impacto en la negociación colectiva y en la estabilidad de las condiciones laborales.
En la CGT sostienen que una reforma de este alcance requiere consensos amplios y reglas claras. Consideran que, lejos de promover el empleo registrado y reducir la conflictividad, una norma percibida como desequilibrada puede profundizar la judicialización y tensar aún más el clima social.
Mientras el debate legislativo avanza, el sindicalismo se prepara para todos los escenarios. El diálogo político continúa abierto, pero la vía judicial ya está sobre la mesa como una alternativa concreta. La reforma laboral, uno de los pilares del programa oficial, se encamina así a convertirse en un nuevo foco de disputa institucional, con impacto directo en el mundo del trabajo y en el sistema de relaciones laborales en la Argentina.
