La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una gran marcha a Plaza de Mayo para el próximo 18 de diciembre, en lo que será la respuesta política más contundente del sindicalismo frente a la reforma laboral presentada por el Gobierno nacional. La conducción definió que es momento de intensificar el plan de lucha ante lo que consideran una avanzada contra derechos consolidados y una señal preocupante para el futuro de las relaciones laborales en la Argentina.
La decisión se tomó en una reunión de la mesa chica cegetista, encabezada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. Allí se analizó el contenido del proyecto enviado al Congreso y las implicancias que, a juicio de la central, podrían afectar de manera directa la estructura gremial y el poder de negociación colectiva. Aunque la reforma no elimina la cuota solidaria ni interviene de lleno en las cajas sindicales, sus dirigentes interpretan que abre un camino que podría derivar en transformaciones más profundas.
El capítulo que generó mayor inquietud es el referido a la retención de cuotas sindicales. El proyecto establece que los empleadores solo podrán actuar como agentes de retención si existe una conformidad explícita del trabajador y un acuerdo formal entre las partes que, además, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Trabajo. A esto se suma un punto sensible: cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto el acuerdo con un aviso de 30 días por cualquier vía fehaciente, lo que para el movimiento obrero implica una fuente de inestabilidad financiera.
Según la interpretación sindical, este artículo podría debilitar la recaudación de los gremios, ya que facilita que empleadores o trabajadores interrumpan los aportes de manera ágil. Si bien no implica la eliminación de la cuota solidaria, sí instala un sistema que, para la CGT, erosiona la sustentabilidad económica de las organizaciones y condiciona su funcionamiento cotidiano.
El clima en la central obrera ya venía caldeado. En los últimos días, referentes del sindicalismo habían expuesto públicamente su preocupación. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, advirtió que el proyecto “intenta quitar derechos” y responde a una postura “ideológica extrema” del Gobierno sobre el mundo laboral. Sus declaraciones anticiparon un escenario de endurecimiento gremial que ahora toma forma con la convocatoria a la marcha.
La movilización será la primera gran demostración de fuerza desde que el Ejecutivo envió la reforma al Senado. La CGT prevé una participación masiva de sindicatos y organizaciones alineadas con la central, y dejó abierta la posibilidad de escalar el plan de lucha si el debate legislativo avanza en un sentido que consideren perjudicial. Aunque por el momento evitan anunciar un paro, la opción no está descartada y dependerá del rumbo que tome la discusión en el Congreso.
Para el Gobierno, la marcha representa un desafío político. La administración Milei impulsó la reforma como parte de un paquete más amplio de cambios estructurales que busca modernizar el mercado laboral y reducir costos empresariales. Sin embargo, la resistencia sindical marca un obstáculo considerable y pone a prueba la capacidad del oficialismo para avanzar con su agenda sin generar un conflicto social más profundo.
La CGT sostiene que el proyecto oficial flexibiliza de hecho las condiciones laborales, ya que también incluye modificaciones en regímenes de contratación, indemnizaciones y modalidades de trabajo. La central insiste en que estas transformaciones no solo afectarían a los trabajadores actuales, sino también a quienes se incorporen en un futuro al mercado laboral, generando un escenario de mayor precarización.
El impacto político de la protesta también será un factor clave. El Gobierno necesita respaldo legislativo para aprobar la reforma, y la masividad de la marcha podría influir en el posicionamiento de bloques dialoguistas o indecisos. Los gremios apuntan precisamente a reforzar esa presión, mostrando que el rechazo al proyecto no se limita a las cúpulas sindicales, sino que tiene un anclaje amplio en sectores laborales afectados por la crisis económica, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
En el movimiento obrero aseguran que la marcha del 18 de diciembre busca ser una señal de alerta, pero también un mensaje político claro: no están dispuestos a permitir avances que interpreten como un retroceso histórico. La CGT pretende mostrar capacidad de movilización y recordar que es un actor central en la vida social y política del país, especialmente en un contexto donde la demanda por estabilidad y protección laboral crece ante el deterioro económico general.
La convocatoria ya comenzó a organizarse en distintas regiones, con sindicatos alineados preparando traslados hacia la Ciudad de Buenos Aires. La expectativa es que la movilización sea una de las más numerosas de los últimos años, en un escenario marcado por el ajuste económico, la discusión sobre tarifas y la incertidumbre que genera el rumbo del Gobierno en su primer tramo de gestión.
El 18 de diciembre será, para muchos, un punto de inflexión. Para la CGT, la marcha es la oportunidad de mostrar unidad y volumen político. Para el Gobierno, será una prueba para medir la resistencia social a su proyecto. Y para el país, un nuevo capítulo en la histórica disputa entre el poder sindical y las reformas laborales impulsadas desde la Casa Rosada.
La central obrera ya dejó en claro que no piensa retroceder. La pelota ahora está en el Congreso, y el clima promete tensarse aún más en los próximos días, mientras se acerca una fecha que podría definir el tono del conflicto laboral y político en la Argentina de los próximos meses.
