La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a Mirta Susana Caballero, exagente de la AFIP, y a su hijo Santiago Emanuel Martín, quienes habían sido acusados de cobrar coimas a contribuyentes para modificar registros fiscales. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por extemporáneo un recurso de queja presentado por la defensa, ratificando así la sentencia de la justicia federal de San Juan.
Según la investigación, entre 2007 y 2015 Caballero, que trabajaba en el área de Servicios al Contribuyente de la AFIP en San Juan, ofrecía a monotributistas la regularización de su situación fiscal a cambio de dinero. Esta maniobra les permitía mantener contratos laborales con el Estado provincial, particularmente como porteros del Ministerio de Educación. Su hijo, aunque no era funcionario público, colaboró en estas gestiones irregulares.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan había condenado a Caballero a un año y seis meses de prisión en suspenso y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Para Martín, la pena fue de un año de prisión en suspenso.
Durante el juicio, varios contribuyentes relataron cómo recurrieron a Caballero para realizar trámites del monotributo que les permitieran renovar contratos laborales. Una testigo mencionó que, tras darse de baja su inscripción por falta de pago, Caballero le proporcionó un número de teléfono y la dirección de su domicilio, donde ella y su hijo la atendieron personalmente.
Además, una empleada de la AFIP declaró que compañeros le comentaban que Caballero realizaba trámites fuera de los canales oficiales y que muchos contribuyentes la buscaban específicamente para obtener gestiones rápidas mediante pagos no autorizados.
Con esta decisión, la Corte Suprema sella el fallo que deja firme la condena, ratificando que los actos de corrupción dentro de organismos estatales no quedan impunes y subrayando la responsabilidad de quienes utilizan su posición para obtener beneficios económicos indebidos.
La causa, que tuvo repercusión nacional, pone de relieve la importancia de los controles internos y de la transparencia en la gestión pública, al mismo tiempo que demuestra que la justicia federal mantiene un seguimiento estricto sobre los procedimientos irregulares en organismos de recaudación.
