La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes dos sentencias por amenazas y uso indebido de fondos estatales durante su gestión.
El primer fallo se vincula con un episodio ocurrido en 2010, durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa S.A., donde Moreno, que representaba al Estado, fue condenado por amenazas coactivas. En medio de una discusión, colocó sobre la mesa guantes de boxeo y un casco de sparring, en una escena que la Justicia consideró intimidatoria. Testigos relataron que se apagaron las luces y se tapó la cámara que registraba la reunión.
Por ese hecho, en 2022 el Tribunal Oral Federal N°8 le impuso dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Cámara de Casación confirmó el fallo al año siguiente, destacando la solidez de las pruebas.
La segunda condena, ratificada también por la Corte, refiere al uso de recursos del Mercado Central para financiar una campaña con consignas contra el Grupo Clarín entre 2011 y 2013. Las gigantografías con frases como “Clarín Miente” fueron elaboradas con fondos públicos y distribuidas en actos oficiales.
Por ese caso, el Tribunal Oral Federal N°7 lo sentenció en 2017 a dos años y medio de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La resolución fue confirmada en 2019 por la Cámara de Casación, y ahora la Corte rechazó el último recurso de la defensa.
Con esta decisión, Guillermo Moreno acumula dos condenas penales firmes que marcan el cierre de una etapa judicial que se extendió por más de una década. El exfuncionario, conocido por su estilo confrontativo durante el kirchnerismo, queda así excluido de forma definitiva de la función pública.
En el plano político, la decisión de la Corte fue interpretada como una señal de firmeza institucional frente al uso irregular de los recursos del Estado. En Salta, donde la transparencia y la rendición de cuentas son temas cada vez más presentes en la agenda pública, la resolución también resonó como un recordatorio sobre los límites del poder y la responsabilidad de los funcionarios.
