La Justicia federal puso la lupa sobre la Droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del Estado, por contratos millonarios, presuntos sobreprecios y posibles vínculos con funcionarios de alto rango del gobierno de Javier Milei. La investigación gira en torno a maniobras que podrían haber generado un perjuicio millonario a las arcas públicas y ya se habla de un esquema que habría favorecido sistemáticamente a la empresa en diversas licitaciones.
Todo comenzó con la filtración de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien denunció supuestas coimas y devoluciones de dinero. En sus declaraciones, mencionó a Karina Milei, hermana del Presidente, al operador político Eduardo “Lule” Menem y a la Droguería Suizo Argentina como parte de un circuito de corrupción.
El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos en distintos puntos, donde se secuestraron libros contables, computadoras, celulares y documentación clave. El fiscal Franco Picardi lidera ahora una investigación que busca esclarecer el destino de al menos $55.000 millones en contrataciones con distintas provincias.
Uno de los contratos más llamativos fue firmado en mayo del año pasado para el Hospital Posadas por más de $41 millones. Pese a que la oferta de Suizo Argentina excedía los precios estipulados en los pliegos, la empresa fue beneficiada. Algo similar ocurrió en la licitación 26/2025, donde, pese a la presencia de otras dos ofertas, la firma volvió a ganar.
El eje de la causa se divide en dos grandes líneas: por un lado, determinar si se entregaron listados con precios inflados desde la Agencia Nacional de Discapacidad; por el otro, analizar el proceso de licitaciones públicas donde la droguería resultó favorecida de forma reiterada.
Si bien el foco está puesto a nivel nacional, en varias provincias –incluida Salta– se sigue de cerca el avance del caso, ya que Suizo Argentina también mantiene vínculos comerciales con los sistemas de salud locales. Las autoridades provinciales evalúan revisar sus propias contrataciones, ante la posibilidad de que el esquema también haya tenido alcance regional.
La empresa pertenece a la familia Kovalivker, que en los últimos años ganó terreno en el rubro de medicamentos de alto costo, incluyendo tratamientos para enfermedades poco frecuentes. Su posicionamiento como proveedor casi exclusivo en algunos programas públicos levanta sospechas sobre una eventual falta de competencia real.
Más allá de los nombres y los números, el trasfondo de la causa toca una fibra sensible: la salud pública. Porque detrás de cada contratación irregular puede haber pacientes sin acceso a los medicamentos que necesitan. En un contexto de ajuste y crisis económica, el escándalo sacude aún más la credibilidad de un sistema que debería priorizar a los más vulnerables.
La investigación avanza y, con ella, crecen las expectativas sobre posibles imputaciones y nuevas revelaciones. Mientras tanto, el país –y especialmente provincias como Salta– mira con atención cómo la Justicia intenta desentrañar una trama que podría revelar uno de los escándalos de corrupción más resonantes del último tiempo.
