La Inspección General de Justicia avanza con el análisis de la documentación contable presentada por la Asociación del Fútbol Argentino en el marco de la revisión de sus balances. Si bien la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia volvió a abrir sus números y entregó un informe detallado de ingresos, gastos y créditos, en el organismo de control entienden que la información sigue siendo insuficiente para cerrar el proceso sin observaciones.
El foco de las objeciones no está puesto en los montos globales, que reflejan un importante movimiento de recursos, sino en la falta de precisión en varios ítems considerados sensibles. Desde la IGJ remarcan que los cuadros permiten ver cuánto dinero ingresó y se gastó, pero no siempre explican con claridad cómo se ejecutaron esos fondos ni cuál fue el destino final de determinadas partidas.
Uno de los capítulos que genera más dudas es el de los créditos declarados, que alcanzan un total superior a los 7.500 millones de pesos. Dentro de ese rubro se incluyen ingresos vinculados a entradas y partidos de la Selección, servicios prestados en el predio de Ezeiza y un apartado genérico identificado como “varios”. Para los técnicos que analizan la presentación, esos conceptos aparecen agrupados y sin el nivel de desagregación necesario para identificar con exactitud su origen y aplicación.
En el apartado de gastos generales, la AFA informó un total cercano a los 58 mil millones de pesos. La mayor parte de ese monto, unos 39 mil millones, corresponde a erogaciones vinculadas con las selecciones nacionales. Allí se detallan pagos al cuerpo técnico y auxiliares, gastos de viajes y alojamiento, indumentaria deportiva, personal administrativo y otros costos operativos del área.
Desde la conducción de la AFA explicaron que el fuerte aumento del gasto está directamente relacionado con la actualización de los contratos del cuerpo técnico tras la consagración en el Mundial de Qatar. Esa aclaración forma parte de la documentación presentada, aunque en la IGJ sostienen que la justificación general no alcanza si no viene acompañada por un mayor nivel de detalle que permita evaluar la razonabilidad de cada partida.
Otro punto bajo observación es el funcionamiento del Colegio de Árbitros. Según los números informados, el área tuvo gastos por más de 3.100 millones de pesos. La mayor parte corresponde a honorarios arbitrales y sueldos del personal administrativo, además de erogaciones asociadas a pruebas físicas y capacitaciones. Sin embargo, una porción de esos gastos figura dentro de partidas generales que, nuevamente, carecen de una explicación pormenorizada.
El informe contable también incluye montos significativos destinados a congresos y eventos, servicios profesionales, pasajes y traslados, así como atenciones médicas y emergencias. En el organismo de control advierten que algunos de estos ítems aparecen repetidos en distintas áreas del balance, lo que dificulta identificar con precisión a qué actividades concretas corresponden y si existe superposición de gastos.
En cuanto a los ingresos, la AFA declaró recursos provenientes de los derechos de los campeonatos nacionales, la explotación de marcas y los aportes recibidos de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Si bien esos números forman parte del análisis general, la IGJ pone el acento en la coherencia interna del balance y en la relación entre ingresos, gastos y créditos.
La documentación ahora bajo revisión se suma a las audiencias que el organismo mantuvo con auditores de la AFA y de la Liga Profesional, dentro del proceso de control de los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. Desde la IGJ reconocen una mayor predisposición al diálogo por parte de la entidad, aunque aclaran que el procedimiento aún no está cerrado.
Por ese motivo, sigue abierta la posibilidad de que el organismo intime nuevamente a la AFA para que amplíe o precise la información presentada. Recién una vez concluido ese análisis se definirá si están dadas las condiciones para avanzar con la designación de un veedor o si se consideran cumplidos los requerimientos administrativos exigidos.
