El triple femicidio de Florencio Varela volvió a ocupar la agenda judicial este jueves, cuando tres de los principales acusados pidieron ampliar sus declaraciones. Víctor Sotacuro, su esposa Mónica Mujica y su sobrina Florencia Ibáñez, todos detenidos, se presentaron ante los fiscales de Homicidios de La Matanza para intentar mejorar su situación procesal en una causa cada vez más comprometida.
El caso, que ya fue derivado al fuero federal, se centra en una organización narco que habría ordenado el asesinato de Brenda, Morena y Lara. Los investigadores sostienen que el crimen fue una ejecución interna relacionada con disputas por el negocio de la droga.
Sotacuro e Ibáñez declararon como procesados luego de que el juez Fernando Pinos Guevara dictara prisión preventiva para ocho de los diez imputados. Mujica, detenida más tarde, está acusada de encubrir a su pareja y podría recibir la misma medida en los próximos días.
Durante las audiencias, Ibáñez presentó un escrito, mientras que Mujica se negó a responder preguntas. Sotacuro, en cambio, insistió en que desconocía el plan criminal y que solo fue contratado como remisero. Sin embargo, su versión quedó debilitada por los testimonios que lo ubican directamente en el lugar del hecho.
La imputada Celeste Magalí González Guerrero, inquilina de la casa donde ocurrieron los asesinatos, declaró que Sotacuro llegó junto a otros hombres y las tres víctimas, a quienes habrían engañado con la promesa de una reunión. Para los fiscales, ese testimonio lo coloca como un eslabón clave dentro de la estructura delictiva.
Apodado “Duro”, Sotacuro sería uno de los jefes locales de la organización, encargado de coordinar la distribución y comercialización de drogas, además de autorizar movimientos internos. Las pruebas en su contra incluyen declaraciones, registros telefónicos y vínculos con otros miembros de la banda.
La investigación continúa con el foco puesto en determinar la ruta de la droga y las conexiones de la red con otras provincias. Los fiscales consideran que los femicidios fueron una represalia dentro del entramado narco y que la estructura criminal aún mantiene ramificaciones activas.
Mientras tanto, la Justicia busca definir las responsabilidades de cada detenido en un caso que expuso, una vez más, cómo las disputas del narcotráfico siguen cobrando vidas inocentes y dejando al descubierto la violencia estructural detrás del negocio de la droga en el país.
