La investigación judicial por presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dio un nuevo giro con la realización de 15 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense. La Justicia busca profundizar el análisis de pruebas que podrían involucrar a más personas en una red de corrupción que ya salpica a funcionarios de alto rango.
Los operativos se centraron en el secuestro de computadoras y teléfonos celulares. Según fuentes judiciales, el contenido de los dispositivos podría arrojar nuevos datos clave tras las revelaciones surgidas en peritajes anteriores. Por ahora no hay nuevas detenciones, pero el caso se encuentra en una etapa crítica.
El expediente comenzó a resonar fuerte a nivel nacional luego de que se filtraran audios del exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, quien mencionaba supuestos pedidos de coimas a laboratorios vinculados al organismo. Lo más explosivo fue que en esos mensajes se hacía referencia directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, así como a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
Frente a estas acusaciones, la Cámara de Diputados votó a favor de interpelar a ambos funcionarios, además del ministro de Salud, Mario Lugones. La sesión fue convocada para el miércoles 15 de octubre a las 14 horas. Desde la oposición dudan que los mencionados se presenten, y anticipan un posible faltazo que generaría aún más controversia.
La causa no solo compromete políticamente al Gobierno, sino que toca una fibra especialmente sensible: el manejo de fondos públicos destinados a políticas para personas con discapacidad. La Andis es responsable de programas sociales, compra de insumos médicos y convenios con laboratorios, lo que pone en el centro de la escena a recursos esenciales para miles de personas.
En Salta y otras provincias del norte, donde la dependencia de programas nacionales es alta, crece la preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en la continuidad y transparencia de esas prestaciones.
Mientras se espera el resultado de los peritajes, el clima político se enrarece. Desde el entorno presidencial todavía no hubo declaraciones oficiales, aunque se especula con una estrategia comunicacional para minimizar el daño. Sin embargo, el silencio empieza a jugar en contra, sobre todo cuando se acumulan pruebas y crece la presión desde el Congreso.
Los próximos días serán clave. Si el análisis de los dispositivos confirma nuevas conexiones, no se descarta un avance firme en la causa, incluso con más imputaciones. La trama que parecía acotada a un organismo público, hoy amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la gestión actual.
