Con Javier Milei y Patricia Bullrich al frente, el Ministerio de Seguridad lanzó el Plan Paraná, un despliegue masivo que combina radares, drones, inteligencia criminal y fuerzas unificadas en siete provincias. La medida busca terminar definitivamente con la impunidad del narcotráfico en la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las rutas comerciales más importantes de la Argentina y la región.
El Gobierno de Javier Milei dio este lunes un golpe de timón histórico en materia de seguridad interior: puso en marcha el Plan Paraná, la mayor operación federal jamás vista para recuperar el control absoluto de la Hidrovía Paraná-Paraguay y cortarle el camino al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. La resolución que lo hace oficial ya está publicada en el Boletín Oficial y, desde el primer minuto, las fuerzas federales empezaron a desplegarse a lo largo de más de 3.000 kilómetros de río.
Se oficializó la puesta en marcha del Plan Paraná
No es una medida más. Es el cambio de paradigma que el país estaba esperando. Durante años, la hidrovía funcionó como una especie de zona liberada para las mafias. Las barcazas que llevan soja, maíz y minerales hacia los puertos de exportación compartían el agua con lanchas rápidas cargadas de cocaína paraguaya o marihuana que bajaba desde el norte. La falta de radares, la escasez de patrullaje nocturno y la fragmentación de los controles provinciales habían convertido al Paraná en la autopista preferida del crimen organizado. Eso se terminó.
“La hidrovía no va a seguir siendo la ruta del narco”, fue el mensaje claro que bajó Patricia Bullrich en una videoconferencia que reunió a los ministros de Seguridad de Chaco y Corrientes, a los titulares de todas las fuerzas federales y al personal que ya está en terreno. Y para que no queden dudas, el Ministerio de Seguridad lo repitió en redes: “Blindamos el Paraná con tecnología, inteligencia y presencia permanente. El crimen organizado se queda sin su corredor favorito”.
El Plan Paraná divide el río en seis grandes polígonos operativos que van desde Puerto Bermejo, en el norte de Chaco, hasta la zona de San Nicolás y el Paraná Guazú, ya cerca del Río de la Plata. Cada sector tendrá su propio comando, con prefectura, gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías provinciales trabajando codo a codo bajo un único mando: el nuevo Comando Unificado Plan Paraná.
Lo que más impresiona es la batería tecnológica que se puso en marcha. Radares de última generación que ven hasta 200 kilómetros, drones con cámaras térmicas y visión nocturna, escáneres móviles para contenedores, sistemas satelitales de seguimiento en tiempo real y centros de monitoreo que funcionan 24/7. Todo eso, sumado a la inteligencia criminal que ya viene compartiendo información con la DEA, la agencia europea EUDA y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Salta, aunque la provincia no tiene costa directa sobre la hidrovía, el impacto es enorme. Porque gran parte de la cocaína que ingresa por el norte del país –vía Formosa, Chaco o el propio Paraguay– termina circulando por rutas salteñas rumbo al centro o al puerto de Buenos Aires. Cuando el Plan Paraná cierre el grifo fluvial, las organizaciones van a intentar desviar el tráfico por tierra. Por eso, desde el Ministerio del Interior ya se coordinó con el gobernador Sáenz un refuerzo inmediato en la Ruta Nacional 34 y en los pasos hacia Bolivia. Gendarmería duplicará los controles en los puestos de Senda Hachada, Profesor Salvador Mazza y Aguas Blancas, y se instalarán nuevos escáneres en los ingresos a la capital salteña.
Los números hablan solos: por la hidrovía circulan cada día hasta 300 barcazas cargadas con millones de toneladas de granos y minerales. Ese volumen legal tapa el ilegal. En los últimos años se secuestraron en el río cargamentos récord de cocaína –uno de ellos superó los 1.500 kilos escondidos entre soja–, pero siempre se supo que era la punta del iceberg. Con el nuevo plan, el Gobierno estima que en los próximos 90 días se podrá triplicar la cantidad de procedimientos y, sobre todo, desarticular las estructuras que operan desde puertos privados y muelles clandestinos.
En el terreno ya se siente el cambio. En Corrientes, los prefectos recibieron lanchas interceptoras nuevas con motores de 300 HP cada una. En Santa Fe, Gendarmería instaló bases móviles con capacidad para 120 efectivos en puntos estratégicos como Reconquista y Villa Ocampo. En Entre Ríos, los drones ya sobrevuelan de noche la zona del Túnel Subfluvial y el puente Rosario-Victoria. Y en el norte, cerca de Formosa, los radares nuevos permiten ver en tiempo real cualquier movimiento sospechoso a cientos de kilómetros.
Para los productores y empresarios salteños que exportan por el Paraná, la noticia es una bocanada de aire fresco. “Hace años que venimos pidiendo más seguridad en la hidrovía porque el narco también nos afecta a nosotros: aumenta el costo del seguro de las barcazas, complica los contratos internacionales y ensucia la imagen de la producción argentina”, explicó un directivo de una importante cerealera con sede en Salta Capital que prefiere reservar su nombre hasta que los operativos estén consolidados.
El Plan Paraná no es una operación relámpago. Es una presencia del Estado que llegó para quedarse. Habrá rotación de efectivos, actualización permanente de tecnología y ajuste de los polígonos según cómo se muevan las bandas. Además, por primera vez, todas las provincias ribereñas firmaron un compromiso de colaboración total: comparten datos, ceden jurisdicción cuando hace falta y ponen sus policías a disposición del comando federal.
En tiempos donde la Argentina necesita recuperar credibilidad ante el mundo, este despliegue manda un mensaje contundente: el país está decidido a terminar con las zonas grises donde el delito hacía lo que quería. Javier Milei y Patricia Bullrich eligieron el terreno más difícil –el río más grande y complejo de Sudamérica– para demostrar que cuando el Estado se pone firme, el crimen retrocede.
