El Gobierno de Javier Milei consiguió evitar un nuevo revés parlamentario luego de que la oposición no lograra reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para debatir el rechazo del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica de la gestión libertaria.
La sesión había sido impulsada por Unión por la Patria y otros sectores opositores, pero la ausencia de legisladores clave impidió alcanzar los 129 presentes requeridos para iniciar el debate. De esta manera, el decreto continúa vigente y el oficialismo logró desactivar, al menos por ahora, la ofensiva en el Congreso.
La falta de acompañamiento de distintos bloques provinciales y sectores dialoguistas resultó determinante para frustrar la convocatoria. Las diferencias políticas y las negociaciones con la Casa Rosada volvieron a complicar los intentos opositores de construir una mayoría capaz de avanzar contra las medidas del Ejecutivo.
En paralelo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, convocó a una nueva sesión para el 21 de octubre, a las 12, con proyectos vinculados a discapacidad y endeudamiento familiar. La agenda también incluye otras iniciativas que generan diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados.
Entre los temas que forman parte de las negociaciones legislativas figuran una propuesta del PRO contra el vandalismo rural y un dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla disposiciones relacionadas con la Ley de Tierras Rurales y la venta de terrenos a extranjeros.
El resultado de la sesión frustrada volvió a mostrar las dificultades de la oposición para reunir voluntades más allá de sus propios espacios. Aunque distintos sectores mantienen cuestionamientos al programa económico del Gobierno, las diferencias internas y los acuerdos con las provincias condicionan sus posibilidades de avanzar en el recinto.
El DNU 70/2023 es una pieza central de la estrategia de Milei, ya que introdujo modificaciones en distintas áreas y estableció un amplio esquema de desregulación. Por eso, el intento de rechazo representaba una nueva prueba para el oficialismo y sus aliados parlamentarios.
La caída de la sesión le dio aire al Gobierno y evitó que el Congreso debatiera la iniciativa opositora. Sin embargo, el conflicto alrededor del decreto continúa abierto y podría regresar a la agenda legislativa en futuras convocatorias.
