Después de tres intensas jornadas en el Centro de Convenciones Gala, la Justicia del Chaco dio por concluido el proceso de selección del jurado popular que deberá definir el futuro judicial de César Sena, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a cuatro allegados. Todos ellos están imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 y que generó una profunda conmoción social en todo el país.
La instancia de selección se extendió durante tres audiencias en las que fiscales y defensores interrogaron a los postulantes con el fin de garantizar su imparcialidad. Finalmente, se conformó el jurado con 12 ciudadanos chaqueños —seis hombres y seis mujeres— y se designaron ocho suplentes, elegidos entre 250 preseleccionados. El grupo tendrá la responsabilidad de escuchar los alegatos, analizar las pruebas y dictar un veredicto al término del debate oral.
Con esta etapa concluida, el juicio entra en su fase más esperada: la exposición pública de pruebas y declaraciones que buscarán reconstruir los hechos ocurridos entre el 2 y el 3 de junio del año pasado, cuando Cecilia desapareció tras ser vista por última vez junto a su esposo. Desde este viernes, en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, se escucharán los alegatos iniciales y los primeros testimonios de una lista que incluirá a cinco testigos convocados por la fiscalía.
El proceso judicial concentra la atención nacional por la magnitud del caso y por el perfil público de los principales acusados. César Sena, de 20 años, enfrenta la acusación de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por la participación de dos o más personas, delito que prevé prisión perpetua. Los fiscales sostienen que fue el autor material del crimen y que mató a su esposa dentro de la vivienda familiar, en el barrio Emerenciano de Resistencia.
Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes sociales y con una fuerte presencia política en la provincia, están imputados como coautores. Según la investigación, habrían participado tanto en la planificación como en el posterior encubrimiento del asesinato, utilizando su influencia y recursos para obstaculizar el avance de la causa.
Los otros cuatro acusados —Fabiana González, su pareja José Gustavo Obregón, y el matrimonio conformado por Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— forman parte del entorno cercano de los Sena. González y Obregón, colaboradores de confianza del clan, están señalados por haber limpiado la vivienda y trasladado objetos personales de la víctima para borrar rastros. Melgarejo y Reinoso, encargados del predio conocido como “la chanchería”, habrían permitido que allí se incineraran pertenencias y otros elementos vinculados al crimen, además de haber ocultado información clave durante los primeros días de la investigación.
A más de un año del hecho, el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa siendo uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la violencia de género en Argentina. La investigación no solo expuso un entramado familiar y político complejo, sino también las dificultades estructurales del sistema judicial para abordar este tipo de causas con perspectiva de género.
En las calles de Resistencia, distintos colectivos feministas y organizaciones sociales ya se preparan para acompañar el desarrollo del juicio con movilizaciones y actividades en reclamo de justicia. Desde Salta y otras provincias del norte, agrupaciones de mujeres también anticiparon su apoyo simbólico, recordando que el caso de Cecilia trascendió las fronteras del Chaco y se convirtió en un símbolo nacional de la demanda por respuestas ante la violencia machista.
Durante las próximas semanas, el jurado escuchará a decenas de testigos, peritos y especialistas. Se espera que la etapa de testimoniales se extienda durante todo noviembre, antes de pasar a los alegatos finales y la deliberación. Una vez que los doce ciudadanos emitan su veredicto, el tribunal técnico será el encargado de dictar la sentencia definitiva.
El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski representa un punto de inflexión no solo para la justicia chaqueña, sino también para el debate público en torno a los mecanismos de protección y prevención de la violencia de género. En una provincia donde aún resuenan los reclamos por otras víctimas, el proceso judicial reaviva la necesidad de políticas efectivas y del compromiso social para que casos como este no se repitan.
Con el jurado ya conformado y el inicio de los alegatos, el proceso entra en su tramo decisivo. La sociedad chaqueña —y buena parte del país— aguarda expectante el desarrollo de un juicio que promete marcar un precedente en la búsqueda de justicia y verdad.
