Desde noviembre, los senadores nacionales, incluidos los representantes por Salta, tendrán un salario bruto que superará los 10,2 millones de pesos mensuales. Este incremento surge de un mecanismo que ata sus dietas a los acuerdos salariales del personal legislativo, sistema que fue aprobado por ellos mismos en abril de 2024.
Las dietas están calculadas en base a 4000 módulos que incluyen la dieta base, gastos de representación y desarraigo. Con la última actualización, el valor del módulo alcanzó los 2554 pesos, lo que resulta en más de 10 millones brutos al mes antes de los descuentos legales, como el Impuesto a las Ganancias.
Los aumentos para los empleados del Congreso se aplicaron en cuotas durante 2025, con subas del 1,3% en los primeros meses y 1,2% hacia fin de año, además de bonos mensuales que también impactan en el salario de los senadores.
Aunque en 2024 se decidió congelar las dietas hasta fin de año y esa medida se extendió hasta marzo de 2025, la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a cada senador a decidir si aceptaba el aumento. Así, muchos ya comenzaron a cobrar más de 9,5 millones brutos.
En Salta, esta realidad choca con la situación de muchas localidades que sufren demoras en obras públicas y recortes en programas sociales. Mientras los senadores mejoran sus ingresos sin debate, la población siente la distancia con la política y reclama mayor compromiso con las necesidades reales del interior del país.
Este sistema de aumentos automáticos, aunque legal, genera polémica en un contexto donde la mayoría de los argentinos lucha con la inflación y la crisis económica. Para muchos, es un símbolo más de los privilegios que mantiene la clase política en un momento complejo para la sociedad.