La investigación judicial que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales de Comodoro Py. Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli para declarar como testigo y denunció que en el expediente circularon audios que, según afirmó, habrían sido generados con inteligencia artificial.
El ex funcionario planteó ante la Justicia que algunas grabaciones que se difundieron en el marco de la causa no serían auténticas. En particular, hizo referencia a un audio que se viralizó en distintos ámbitos y en el que se escucha a una persona —supuestamente él— hablar de un presunto reparto de coimas dentro del organismo. Según sostuvo en su declaración, ese material podría haber sido manipulado o directamente creado mediante herramientas de inteligencia artificial.
La presentación de Spagnuolo se dio en un contexto de fuerte avance de la investigación judicial que analiza presuntas irregularidades dentro de la ANDIS, un organismo clave dentro de la estructura del Estado nacional encargado de coordinar políticas vinculadas a la discapacidad.
Durante su exposición ante la fiscalía, el ex titular de la agencia aseguró que él mismo habría sido víctima de grabaciones clandestinas mientras se desempeñaba al frente del organismo. De acuerdo con su relato, durante varios meses se habrían registrado conversaciones sin su consentimiento, material que luego habría sido utilizado como parte de la investigación judicial.
Spagnuolo sostuvo que algunas de esas grabaciones habrían sido difundidas o utilizadas de forma parcial, lo que, según su interpretación, podría distorsionar el contexto de las conversaciones. Pero además agregó un elemento que generó especial atención dentro del expediente: la posibilidad de que parte del material haya sido manipulado mediante inteligencia artificial.
El avance de herramientas tecnológicas capaces de recrear voces humanas con gran precisión generó preocupación en distintos ámbitos, incluido el judicial. En los últimos años comenzaron a detectarse casos en los que audios generados digitalmente imitan la voz de una persona real, lo que plantea nuevos desafíos para la verificación de pruebas en investigaciones penales.
En este caso, la denuncia de Spagnuolo apunta directamente a uno de los audios que circuló con mayor fuerza dentro del expediente y que habría tenido impacto en la hipótesis de la investigación. En esa grabación se escucha a una voz atribuida al ex funcionario mencionar supuestos pagos irregulares y un esquema de retornos.
Para Spagnuolo, ese material debería ser sometido a peritajes técnicos que permitan determinar su autenticidad. Su planteo busca instalar dudas sobre la validez de esas pruebas dentro del proceso judicial.
La causa en cuestión analiza presuntas maniobras irregulares dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad durante su funcionamiento en los últimos años. La investigación tomó impulso tras la detección de posibles inconsistencias en licitaciones, contrataciones y pagos vinculados al organismo.
El juez federal Sebastián Casanello, a cargo del expediente, describió en una de sus resoluciones la posible existencia de un esquema organizado destinado a desviar fondos públicos y obtener beneficios económicos indebidos.
De acuerdo con la hipótesis judicial, dentro de la agencia habría operado una estructura integrada por funcionarios y empresarios que, mediante distintos mecanismos administrativos, habrían direccionado contrataciones y generado un circuito de retornos económicos.
En el marco de esa investigación, el magistrado dispuso el procesamiento de 19 personas vinculadas al organismo y al sector privado. Entre los acusados figuran ex autoridades de la agencia y empresarios que habrían participado de distintas contrataciones bajo sospecha.
Además del procesamiento, la resolución judicial incluyó el embargo de bienes de los involucrados para asegurar eventuales responsabilidades económicas en caso de que la causa avance hacia una condena.
El embargo más elevado recayó sobre Diego Spagnuolo, con una cifra fijada en 202.828.725.464 pesos. La magnitud del monto refleja la gravedad de las presuntas irregularidades que se investigan dentro del expediente.
Según la reconstrucción realizada por la Justicia, la investigación detectó indicios de licitaciones presuntamente direccionadas, pagos que no se corresponderían con servicios efectivamente prestados y la existencia de intermediarios que habrían facilitado la operatoria.
En ese esquema, de acuerdo con la hipótesis del juzgado, los contratos y adjudicaciones podrían haber sido utilizados como mecanismo para canalizar fondos públicos hacia circuitos privados.
El magistrado sostuvo que el entramado investigado habría priorizado intereses particulares por encima del interés público, afectando el funcionamiento de un organismo que tiene un rol central en la implementación de políticas para personas con discapacidad.
La declaración de Spagnuolo introduce ahora un nuevo elemento dentro de la causa: la posible manipulación de pruebas mediante inteligencia artificial. Si ese planteo prospera, podría abrir una etapa de análisis técnico sobre el material que forma parte del expediente.
Los peritajes digitales y acústicos son herramientas habituales en investigaciones que incluyen grabaciones de audio. Sin embargo, el crecimiento de tecnologías capaces de generar voces sintéticas con gran nivel de realismo obliga a reforzar los mecanismos de verificación.
Por el momento, la causa continúa bajo análisis judicial mientras se evalúan los distintos elementos incorporados al expediente. Las declaraciones, los peritajes y la documentación reunida serán claves para determinar si existieron las maniobras investigadas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En paralelo, la denuncia de Spagnuolo sobre audios presuntamente generados con inteligencia artificial agrega un nuevo frente dentro de un expediente que ya reúne múltiples aristas: posibles irregularidades administrativas, presuntas coimas y ahora también el debate sobre la autenticidad de determinadas pruebas.
El desarrollo de la investigación definirá en los próximos meses si los elementos reunidos alcanzan para sostener las acusaciones o si, por el contrario, algunas de las pruebas deberán ser descartadas o revisadas a partir de nuevos peritajes técnicos.
Mientras tanto, la causa ANDIS sigue siendo uno de los expedientes más sensibles dentro del ámbito judicial federal, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los montos que se investigan y el impacto institucional del organismo que quedó bajo la lupa.
