La Justicia federal comenzó a mover una nueva causa que podría complicar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones del Estado y posibles conflictos de interés vinculados a la empresa de su esposa, Bettina Angeletti.
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo con intervención del fiscal Carlos Stornelli, y surgió a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, que pidió investigar un presunto direccionamiento en licitaciones vinculadas a servicios digitales y mensajería masiva.
El foco del expediente apunta a determinar si el Gobierno pudo haber favorecido a determinados proveedores y si existió un esquema de retornos o beneficios indirectos a través de vínculos comerciales cruzados.
Licitación por $3.650 millones y sospecha de competencia simulada
En la denuncia se mencionan presuntas irregularidades en un proceso de contratación de 2025 por servicios de mensajería masiva (SMS, correos electrónicos y llamadas), que fue adjudicado a ATX S.A. por $3.650.226.300.
Además, el escrito señala que las tres empresas que participaron de la compulsa -ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.- tendrían vínculos entre sí.
Entre los elementos que se mencionan, se indica que el presidente de Area Tech habría sido empleado del titular de ATX hasta 2022, y que algunas firmas compartían domicilio legal en el barrio porteño de Parque Patricios.
La sospecha central es si se trató de una simulación de competencia, con empresas que habrían actuado coordinadamente para dar apariencia de pluralidad en una licitación.
También se sugirió la posible existencia de sobreprecios, a partir de comparaciones con otras contrataciones similares, donde el costo del SMS habría subido de USD 0,045 a USD 0,076 por unidad.
Tecnópolis, bajo la lupa por una concesión a 25 años
La denuncia también apunta al proceso para concesionar el predio de Tecnópolis por 25 años, un negocio valuado en unos $183,3 millones.
Pagano sostuvo que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) -encargada del proceso- depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete, lo que podría abrir la puerta a un conflicto de interés si se verifican vínculos con empresas interesadas.
La empresa de la esposa de Adorni y los contratistas del Estado
El escrito plantea además que la consultora +Be, propiedad de Angeletti, tendría como clientes a empresas con negocios relevantes con el Estado.
Entre los nombres mencionados aparecen el Grupo Foggia, el Grupo Datco y la naviera National Shipping S.A., contratista de YPF.
En este punto, la denuncia remarca que Adorni fue designado en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado, lo que podría reforzar el interés judicial en determinar si existieron cruces incompatibles.
Qué pidió Stornelli y qué debe definir Lijo
El fiscal Stornelli pidió impulsar medidas preliminares para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación formal.
Entre las principales diligencias solicitadas se incluyó:
- La remisión de expedientes administrativos vinculados a contrataciones tecnológicas y de comunicación del Estado.
- Documentación sobre licitaciones de mensajería masiva y correos transaccionales.
- El envío completo de los antecedentes de la concesión del predio de Tecnópolis.
- Informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para obtener legajos societarios de siete firmas tecnológicas.
En total, la fiscalía pidió información sobre Area Tech S.A., ATX S.A., Movilgate S.R.L., Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware S.A.
El objetivo es determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios de las firmas, si existen vínculos con funcionarios públicos y si podría tratarse de un esquema de cartelización o direccionamiento en servicios tecnológicos.
Además, se solicitó a la Oficina Nacional de Contrataciones un informe para establecer si grupos como Datco, National Shipping y Foggia figuran como contratistas recurrentes del Estado y en qué condiciones resultaron adjudicatarios.
Por ahora, la causa no está delegada en la fiscalía, por lo que las medidas deberán ser autorizadas por el juez Ariel Lijo.
En paralelo, Adorni ya enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en ese caso delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
