Claudio “Chiqui” Tapia se presentó ante la Justicia y volvió a desligarse de la vivienda ubicada en Pilar que dio origen a una investigación sobre su patrimonio. En una declaración realizada de manera virtual ante la Fiscalía interviniente, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue categórico al afirmar que no tiene ningún tipo de relación con el inmueble y denunció que el caso forma parte de una maniobra de carácter “mediático-judicial” impulsada en su contra.
La exposición de Tapia, que estaba prevista inicialmente para más adelante, se adelantó y se concretó al mediodía. Durante su declaración, el dirigente ratificó la denuncia penal que presentó contra referentes de la Coalición Cívica y un empresario del rubro tecnológico, a quienes acusó de haberlo presionado y extorsionado en el marco de un conflicto previo que, según su versión, nada tiene que ver con la vivienda investigada.
“Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, sostuvo Tapia ante el fiscal, al tiempo que negó conocer a Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, ambos vinculados a la Coalición Cívica, así como también al empresario Leandro Camani, titular de una firma dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.
De acuerdo con el relato del presidente de la AFA, la denuncia por la vivienda no fue el punto de partida del conflicto, sino la consecuencia de una serie de advertencias y presiones que se habrían iniciado tiempo atrás, cuando se desempeñaba en el ámbito de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana. En ese contexto, aseguró que las acusaciones surgieron luego de haberse negado a avalar un negocio de gran envergadura económica vinculado al sistema de fotomultas.
Tapia afirmó que las presentaciones judiciales en su contra fueron utilizadas como herramienta de coacción. “Camani, escudándose en Yofe y Del Gaiso, materializa las denuncias para presionarme junto con periodistas. No descarto que todo esto sea un concierto de una asociación ilícita, en el marco de un negocio multimillonario”, expresó durante su declaración.
En la misma línea, el dirigente sostuvo que no se trata de un hecho aislado y vinculó la situación actual con episodios ocurridos durante 2023. Según explicó, en aquel momento se habrían repetido amenazas con el objetivo de forzar decisiones administrativas relacionadas con la instalación y funcionamiento de cámaras de control de tránsito.
“Quiero que se investigue a fondo porque me llama la atención el poder que tiene esta persona para amenazar. En 2023 hizo lo mismo, amenazó y logró la instalación de las cámaras. Ahora vuelve a ocurrir y yo sigo sin tener nada que ver con la casa de Pilar”, afirmó Tapia, al tiempo que aclaró que su única intervención fue solicitar que se revisara si existía documentación que habilitara determinadas instalaciones.
Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo vinculado a la provisión de energía eléctrica para los dispositivos de fotomultas. Tapia aseguró que las presuntas amenazas tenían como finalidad forzar la habilitación de suministro eléctrico para esas cámaras, una decisión que, según explicó, no dependía de su voluntad personal sino de procedimientos administrativos específicos.
“No tengo dudas de que las presiones al gerente eran para que les diera luz a las cámaras. Recuerdo frases como ‘si las del frente tienen luz, por qué no me dan luz a mí, los voy a denunciar a todos’”, relató el presidente de la AFA, reforzando la hipótesis de que el conflicto gira en torno a intereses económicos y no a cuestiones patrimoniales personales.
Tapia también cuestionó con dureza el tratamiento público del caso y aseguró que, tras la presentación judicial, se activó un mecanismo para amplificar mediáticamente la denuncia. Según indicó, se difundieron acusaciones graves como si se tratara de hechos comprobados, sin respaldo documental ni contextualización adecuada.
En ese sentido, remarcó que la exposición pública de la causa generó un daño reputacional innecesario y contribuyó a instalar sospechas que, de acuerdo con su versión, carecen de sustento. Para Tapia, la combinación entre denuncias judiciales y difusión mediática formó parte de una estrategia coordinada para condicionar su accionar y forzarlo a ceder ante intereses privados.
La investigación judicial continúa en curso y, por el momento, Tapia reiteró su disposición a que se analicen todos los elementos necesarios para esclarecer la situación. “No tengo nada que ocultar”, insistió, y volvió a reclamar que se indague el origen de las denuncias y el contexto en el que fueron formuladas.
Mientras la causa avanza, el titular de la AFA busca despegar su nombre de cualquier irregularidad patrimonial y sostiene que el foco debe estar puesto en las presuntas presiones que, según denunció, viene recibiendo desde hace tiempo. La definición del expediente será clave para determinar si se trató de un conflicto administrativo escalado al plano judicial o de una maniobra con objetivos más amplios.
