El Ministerio Público del estado de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada e influencer argentina acusada de injuria racial tras un episodio ocurrido a la salida de un boliche en esa ciudad. La presentación judicial agrava su situación procesal y abre un nuevo escenario en la causa, que se tramita bajo una legislación particularmente estricta en materia de delitos vinculados a la discriminación racial.
Páez, de 29 años, permanece imputada luego de que se difundieran imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se la observa realizando gestos que, según la acusación, remiten a la imitación de un mono. El hecho se produjo tras una discusión con personal de seguridad del local nocturno, quienes no le habrían permitido el ingreso. En Brasil, este tipo de conductas están tipificadas como delito penal y pueden derivar en condenas de cumplimiento efectivo.
La fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que la imputada incurrió en injuria racial, una figura que contempla penas de entre uno y cinco años de prisión. En ese marco, el pedido de prisión preventiva apunta a evitar una eventual fuga y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial, mientras continúan recolectándose pruebas y testimonios.
De acuerdo a la investigación, el incidente se produjo en la vía pública, cuando Páez discutía con empleados de seguridad del boliche. Las imágenes muestran a la joven realizando gestos ofensivos y profiriendo insultos, algunos de ellos de carácter racial, dirigidos hacia los trabajadores. Ese material audiovisual, sumado a declaraciones de testigos presenciales, fue clave para que la fiscalía avanzara con la denuncia formal.
Tras la viralización del video, la acusada dio su versión de los hechos y sostuvo que se trató de una “broma entre amigas” que fue sacada de contexto. Sin embargo, esa explicación no convenció a las autoridades judiciales brasileñas, que entendieron que la conducta observada encuadra dentro de un delito penal y no puede ser minimizada como una simple expresión informal o privada.
Mientras se define su situación, la turista argentina tiene el pasaporte retenido y no puede salir del país. Además, se le impuso el uso de una tobillera electrónica como medida de control, lo que refuerza la hipótesis de que la Justicia considera posible un riesgo procesal si se flexibilizan las restricciones. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que se resuelva si se hace lugar o no al pedido de prisión preventiva.
Desde la defensa, en tanto, plantearon una estrategia orientada a cuestionar el contexto del episodio. El abogado de Páez sostiene que su clienta habría reaccionado ante una provocación previa por parte del personal de seguridad, quienes —según esa versión— habrían realizado gestos obscenos y se habrían burlado de la situación frente a las cámaras. Ese argumento busca atenuar la responsabilidad de la imputada y encuadrar lo ocurrido como una reacción impulsiva en medio de una situación tensa.
No obstante, el marco legal brasileño es especialmente riguroso en relación con los delitos de racismo y discriminación. A diferencia de otros países, estas conductas no son consideradas meras contravenciones, sino delitos penales con penas de prisión efectiva, incluso cuando no median agresiones físicas. Este punto resulta central en el análisis judicial y explica la rapidez con la que avanzó la causa.
El caso generó repercusión tanto en Brasil como en Argentina, no solo por la difusión del video sino también por el debate que reavivó en torno a los límites de la libertad de expresión, el impacto de los discursos discriminatorios y la responsabilidad individual cuando se está en otro país y bajo un marco legal diferente.
En el expediente, la fiscalía remarcó que los gestos y expresiones atribuidos a Páez reproducen estereotipos raciales ofensivos y que su carácter público agrava la conducta. Además, señaló que la imputada se encontraba en pleno uso de sus facultades y era consciente del contexto en el que se desarrollaba la discusión.
Si la Justicia brasileña avanza con la prisión preventiva, la joven podría permanecer detenida mientras se sustancia el proceso, lo que implicaría un giro significativo en su situación personal y legal. En caso de ser hallada culpable, la condena podría incluir una pena de prisión de cumplimiento efectivo, además de antecedentes penales en el país vecino.
Por el momento, la causa sigue en etapa de investigación y no hay una resolución definitiva. La defensa insiste en que se trató de un malentendido y que el accionar de su clienta no tuvo la intención de discriminar. Del otro lado, la fiscalía sostiene que las pruebas son contundentes y que el caso debe ser juzgado con todo el peso de la ley.
Mientras tanto, Agostina Páez continúa en Brasil, a la espera de definiciones judiciales que serán clave para su futuro inmediato. La decisión sobre la prisión preventiva marcará el rumbo de una causa que ya dejó de ser un episodio aislado y se transformó en un proceso penal de alto impacto.
