En un contexto de creciente preocupación por amenazas en el ámbito escolar, el Gobierno de Tucumán decidió avanzar con medidas más severas para prevenir y sancionar este tipo de situaciones. A través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, se habilitó la expulsión de alumnos que participen en amenazas de tiroteos, actos de vandalismo o hechos que alteren el normal funcionamiento de las clases.
La decisión se tomó luego de que en distintos establecimientos educativos de la provincia aparecieran pintadas intimidatorias en baños y otros sectores, con mensajes que generaron alarma entre estudiantes, docentes y familias. Frente a este escenario, las autoridades consideraron necesario reforzar tanto las acciones preventivas como las sanciones.
El decreto instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía a intensificar controles dentro y fuera de los establecimientos educativos, con el objetivo de detectar y neutralizar posibles amenazas. Las tareas incluyen patrullajes, presencia preventiva y articulación con directivos escolares para actuar de manera rápida ante cualquier situación sospechosa.
Uno de los puntos más relevantes de la normativa es que habilita la expulsión del sistema educativo durante el ciclo lectivo vigente para aquellos estudiantes que sean identificados como responsables de amenazas o conductas que generen temor en la comunidad educativa. La medida busca marcar un límite claro frente a hechos que, aunque en algunos casos puedan interpretarse como “bromas”, tienen un alto impacto social y psicológico.
Además, el decreto establece que los menores involucrados que sean determinados como autores o partícipes por la Justicia podrán ser trasladados al Instituto Padre Brochero, una institución destinada a la contención y tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley.
Otro aspecto clave es la responsabilidad de los adultos. La normativa fija que padres y tutores deberán responder judicialmente por las conductas de los menores a su cargo, lo que introduce un componente adicional de control y compromiso familiar frente a este tipo de situaciones.
En paralelo, el Gobierno provincial advirtió que los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, podrían enfrentar sanciones económicas si no cumplen con su deber de garantizar la seguridad de los alumnos. En casos de incumplimiento, se contempla la posibilidad de retirar subsidios o aportes estatales.
Desde la administración tucumana señalaron que estas medidas responden a una serie de episodios recientes, entre ellos amenazas de bomba y mensajes sobre posibles tiroteos que se registraron en instituciones como los colegios Guillermina y San Francisco. Estos hechos generaron temor en la comunidad educativa y obligaron a suspender actividades en algunos casos.
La implementación del decreto ya está en marcha y se espera que tenga aplicación inmediata ante nuevas denuncias. El objetivo es actuar con rapidez para evitar situaciones de riesgo y enviar una señal clara respecto a la gravedad de este tipo de conductas.
El endurecimiento de las sanciones en Tucumán también repercute en otras provincias del norte argentino, como Salta, donde en los últimos días se registraron episodios similares de amenazas en escuelas. En ese contexto, la decisión del gobierno tucumano se observa como un antecedente que podría influir en futuras políticas de seguridad educativa en la región.
Especialistas en educación y seguridad coinciden en que, además de las sanciones, es fundamental trabajar en la prevención, el acompañamiento psicológico y la detección temprana de conflictos dentro de las instituciones. La combinación de medidas punitivas y estrategias de contención aparece como un eje central para abordar una problemática que va en aumento.
Con este nuevo marco normativo, Tucumán busca reforzar la seguridad en las escuelas y evitar que amenazas de este tipo escalen a situaciones de mayor gravedad, en un contexto donde la preocupación social por la violencia en ámbitos educativos sigue en aumento.
