En un acto que roza la provocación, Cristina Kirchner logró, una vez más, convertir un evento político en un espectáculo centrado exclusivamente en su figura.
Lo que originalmente se planeó como una movilización de apoyo en Comodoro Py, para acompañarla en su entrega a la Justicia, mutó en una concentración en Plaza de Mayo tras obtener el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por el Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Giorini. Desde su departamento en Constitución, donde cumple su condena, la expresidenta no solo desafió abiertamente a la Justicia, sino que pareció mofarse de los argentinos con un discurso cargado de victimización y promesas vacías.
Con dos mensajes claros, Cristina manipuló el relato para mantenerse en el centro de la escena. Primero, afirmó que su condena en la causa Vialidad —por corrupción, nada menos— no es el resultado de un proceso judicial legítimo, sino una maniobra para proscribirla electoralmente. “No me dejan competir porque saben que pierden”, sentenció, ignorando que el fallo, ratificado por la Corte Suprema, la inhabilita perpetuamente para cargos públicos. Este discurso no solo deslegitima a las instituciones, sino que insulta la inteligencia de los ciudadanos, presentando su condena como una conspiración en lugar de una consecuencia de sus actos.
El segundo mensaje, aún más inverosímil, fue su promesa de “volver, con más unidad y fuerza”. ¿Cómo puede alguien, legalmente impedida de participar en política, generar expectativas de liderazgo futuro? Esta audacia no es solo un desafío a la Justicia, sino una burla a los argentinos que esperan un sistema político basado en la transparencia y el respeto por la ley. Cristina, desde la comodidad de su prisión domiciliaria —un privilegio que muchos consideran excesivo—, evade las restricciones impuestas por los jueces, quienes le ordenaron no perturbar la tranquilidad de su barrio. En lugar de acatar, optó por grabar un discurso que resonó en los parlantes de Plaza de Mayo y hasta se permitió un saludo en vivo a sus militantes.
El descaro de Cristina Kirchner pone en jaque al Poder Judicial. Los jueces, encabezados por Giorini, deberían reconsiderar con urgencia el beneficio de la prisión domiciliaria. Permitir que una condenada por corrupción utilice su situación para desafiar al sistema y seguir manipulando la opinión pública es una afrenta al Estado de Derecho. La expresidenta no solo desoye las restricciones, sino que utiliza su condena como plataforma para victimizarse y mantener viva su influencia política.
Mientras tanto, el peronismo queda atrapado en un dilema sin respuesta clara: ¿cómo construir un futuro sin Cristina y su maquinaria cristinista? Su discurso, breve pero egocéntrico, no ofreció una visión para el movimiento, sino un relato centrado en su propia supervivencia política. Los argentinos, hartos de promesas vacías y maniobras distractivas, merecen más que este circo. Es hora de que la Justicia actúe con firmeza y le ponga un freno a esta burla. Cristina Kirchner no puede seguir riéndose de un país que exige responsabilidad y justicia.
