Con el inicio del juicio oral y público en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, se abre una etapa clave en la causa que investiga la muerte de un niño de 11 años ocurrida en barrio Solidaridad, uno de los sectores más populosos de la zona sudeste de la ciudad de Salta. La principal acusada es su madre, Lidia Raquel Cardozo, quien llegó al banquillo imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas, ambos delitos cometidos contra su propio hijo.
El trágico hecho, que sacudió a los vecinos y generó una ola de indignación en redes sociales, tuvo lugar el 31 de agosto de 2023. Ese día, el menor fue trasladado sin signos vitales al hospital Papa Francisco. Presentaba lesiones visibles y, tras una rápida intervención del personal médico, se confirmó su fallecimiento. La autopsia reveló que murió como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por una lesión punzopenetrante en la cabeza.
Las pruebas reunidas por la Fiscalía a lo largo de la investigación resultaron contundentes. Según se informó, se logró establecer que el menor sufrió una agresión física con un objeto contundente. Esa agresión fue atribuida directamente a su madre, con quien convivía en una vivienda del barrio Solidaridad. Las cámaras de seguridad de la zona, el testimonio de vecinos, docentes y otros familiares, así como pericias médicas y psicológicas, fueron claves para delinear el perfil de una violencia sostenida en el tiempo.
El fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, representa al Ministerio Público en este proceso, que tendrá lugar entre el 20 de agosto y el 9 de septiembre. Se espera la declaración de al menos 60 testigos, entre ellos personal del sistema de salud, docentes del menor, trabajadores sociales, vecinos y allegados a la familia. El tribunal está integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.
La causa también cuenta con la participación activa del padre del menor, quien se presentó como querellante y está representado por abogados particulares. El hombre, que no convivía con el niño al momento del hecho, habría advertido tiempo atrás sobre situaciones preocupantes en el entorno del pequeño, aunque aún se investigan las intervenciones institucionales previas al desenlace fatal.
Uno de los elementos que generó mayor conmoción durante la etapa investigativa fue la aparición de antecedentes de violencia. Según consta en el expediente, meses antes del homicidio, el niño ya había sufrido agresiones por parte de su madre, las cuales habrían sido advertidas y denunciadas en el ámbito escolar. Esas lesiones no habrían sido aisladas, sino parte de un patrón de maltrato que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, culminó con la muerte del menor.
El barrio Solidaridad, ubicado al sudeste de la capital salteña, ha sido escenario de numerosas situaciones de vulnerabilidad social. Sin embargo, este caso en particular despertó una sensibilidad especial en la comunidad. En las semanas posteriores al crimen, se multiplicaron los reclamos por mayor presencia del Estado en los barrios más postergados, especialmente en lo que refiere a la protección de la niñez y la intervención temprana en casos de violencia intrafamiliar.
La causa judicial avanzó con celeridad, en parte gracias al cúmulo de pruebas recabadas y a la conmoción pública generada. A partir de los registros fílmicos, los informes médicos y las pericias psicológicas, la Fiscalía concluyó que la agresión que terminó con la vida del niño no fue un accidente ni un hecho aislado, sino el resultado de una conducta sistemática.
La acusación sostiene que Cardozo ejercía un control severo sobre su hijo, con actitudes que habrían ido desde el castigo físico hasta el maltrato emocional. Aunque durante su declaración indagatoria la imputada intentó desvincularse del hecho, los elementos probatorios la ubican como la principal responsable.
A lo largo del juicio se abordarán no solo las circunstancias específicas del crimen, sino también el contexto de vida del menor. Se espera que los testimonios de docentes y profesionales de salud mental ayuden a reconstruir el entramado familiar, y a dilucidar si hubo omisiones por parte de organismos estatales que pudieron haber prevenido este desenlace.
Vecinos del barrio Solidaridad han expresado su expectativa frente al desarrollo del juicio, y algunos adelantaron su intención de acompañar las audiencias como forma de apoyo a la memoria del niño fallecido. La comunidad educativa del colegio al que asistía también manifestó su dolor y pidió justicia, en un caso que se convirtió en símbolo del reclamo contra la violencia hacia los niños y niñas en Salta.
La defensa de Cardozo, por su parte, intentará plantear una estrategia orientada a cuestionar la calificación legal del hecho, posiblemente apuntando a una figura penal menos gravosa que la de homicidio calificado. No obstante, el peso de las pruebas reunidas hasta el momento parece configurar un escenario complejo para la imputada.
Este proceso judicial se da en un momento en que distintos sectores reclaman una mayor articulación entre las áreas de Niñez, Salud y Educación, con el fin de detectar de forma temprana situaciones de riesgo en el hogar. Casos como este revelan las fallas en los sistemas de alerta y seguimiento que, de haber funcionado adecuadamente, podrían haber cambiado el destino del menor.
El juicio continuará en los próximos días, y se espera que las primeras semanas estén centradas en la recepción de testimonios clave. La sentencia podría conocerse a principios de septiembre, marcando un antes y un después no solo para el caso, sino también para la conciencia social respecto al maltrato infantil en la provincia.
