La investigación por el femicidio de Natalia Marilín Cruz, ocurrido en febrero de este año en Campo Quijano, dio un giro importante con la imputación de diez efectivos de la Policía de Salta por presuntas irregularidades vinculadas al incumplimiento de medidas de protección judicial y a la supuesta elaboración de documentación falsa.
La decisión fue adoptada por la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), que encabeza la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, luego de reunir elementos de prueba que, según la investigación, evidencian posibles fallas en el accionar del personal de la Comisaría N.º 7 antes del crimen.
A partir de los indicios detectados durante la causa principal, se abrió una investigación paralela para determinar si existieron responsabilidades de efectivos policiales en relación con las medidas de protección que debían resguardar a la víctima. En ese marco, la Procuración General dispuso la conformación de una Unidad Fiscal integrada por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos para profundizar las actuaciones.
Tras el avance de la investigación penal preparatoria, las fiscales citaron a audiencia de imputación a diez integrantes de la fuerza por distintos delitos presuntamente cometidos en el contexto del caso.
Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Natalia Cruz contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como medida de protección debido a reiterados hechos de violencia de género atribuidos a su expareja. Sin embargo, esa custodia no habría sido implementada, pese a que el personal policial tenía conocimiento de la disposición emitida por la Justicia.
La investigación sostiene además que, con posterioridad, se habría confeccionado un informe policial con datos presuntamente falsos para dejar asentado un supuesto intento de cumplimiento de la medida de protección, situación que ahora también forma parte de la causa penal.
Las actuaciones no solo se centran en el caso puntual de Natalia Cruz, sino que también alcanzan al funcionamiento de la Comisaría N.º 7 de Campo Quijano durante los meses de enero y febrero de 2026. De acuerdo con la pesquisa, se detectaron presuntas deficiencias en la organización, supervisión y control de las consignas policiales ordenadas por la Justicia en causas de violencia familiar y de género.
Entre los diez imputados se encuentran el jefe de la dependencia policial y un efectivo que cumplía funciones como jefe de Guardia. Ambos fueron acusados como presuntos autores de los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Al jefe de la comisaría se le atribuye haber promovido la confección e incorporación de un informe policial con contenido presuntamente falso, además de no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la custodia ordenada por la Justicia en favor de la víctima.
En tanto, al jefe de Guardia se le imputa haber dispuesto la elaboración del mencionado informe y no haber implementado ni supervisado el cumplimiento de la medida de protección judicial.
La investigación también alcanzó a otros dos efectivos, un suboficial y un oficial, quienes fueron imputados por el delito de falsedad ideológica. Según la acusación, el suboficial habría confeccionado y firmado el informe en el que se dejó constancia de que la consigna policial había sido implementada, mientras que el oficial habría impartido la orden para elaborar ese documento e intervenido en su confección.
Además, cuatro mujeres policías y un efectivo masculino fueron imputados como presuntos coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Fiscalía sostiene que habrían omitido adoptar las acciones necesarias para hacer efectiva la consigna policial fija o informar oportunamente a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplir con la medida dispuesta.
Para reconstruir los hechos, la Unidad Fiscal analizó abundante documentación y recibió diversos testimonios, lo que permitió establecer que existía una resolución emitida por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2.ª Nominación del distrito Centro que ordenaba brindar protección permanente a Natalia Cruz.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esa medida nunca habría sido ejecutada, a pesar de que los efectivos involucrados conocían la existencia de la orden judicial.
Las fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria sostienen que la investigación permitió detectar presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, entre ellas incumplimientos de protocolos, deficiencias en los mecanismos de control interno y fallas en la ejecución de medidas destinadas a proteger a las víctimas.
Asimismo, la acusación señala que existen elementos que respaldan la presunta confección de un informe policial con información falsa, mediante el cual se habría intentado acreditar un supuesto cumplimiento de la consigna policial antes del femicidio.
La causa continúa en etapa de investigación y las audiencias de imputación permitirán avanzar en el proceso judicial para determinar las responsabilidades de cada uno de los efectivos involucrados en uno de los casos que más conmocionó a Salta durante este año.
