El escándalo de la financiera Saulo Capital SRL llegó a su capítulo judicial más fuerte: este lunes, el Tribunal de Juicio del Distrito Centro dictó duras condenas contra los responsables de la firma, tras comprobarse más de 500 estafas y un entramado de asociación ilícita que funcionó en Salta hasta mediados de 2022.
La sentencia fue emitida por el juez Pablo Farah, de la Sala 3, en el marco de un juicio abreviado. Los imputados reconocieron su culpabilidad en la maniobra y recibieron penas que superan los diez años de prisión efectiva. Marcelo Alfredo Morales fue condenado a diez años y seis meses, mientras que Nelson Javier Cabana y Nelson Rogelio Ramos recibieron diez años y cinco meses cada uno. En tanto, Sabrina Florencia Resina fue sentenciada a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado, con reglas de conducta que deberá cumplir estrictamente.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, junto con el abogado querellante Facundo Burgos, avalaron el acuerdo de juicio abreviado presentado por las defensas. Con este mecanismo se evitó la apertura de un debate extenso y se logró una resolución rápida tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados.
La investigación comenzó en mayo de 2022, a partir de cientos de denuncias de damnificados y de un informe del Banco Central que advirtió que Saulo Capital operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal constató que la firma captaba fondos de manera ilegal, prometiendo intereses elevados que eran abonados con el ingreso de nuevos inversores, en un esquema clásico de estafa piramidal.
Las cifras del fraude reflejan la magnitud del caso: según el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, las víctimas entregaron más de 188 millones de pesos, 2,3 millones de dólares y 2.300 BUSD (criptomonedas), principalmente entre enero y marzo de 2022. El dinero se destinaba en parte a la apertura y sostenimiento de once comercios locales, mientras que el resto se utilizaba para mantener la ilusión de rentabilidad, pagando intereses a los primeros inversores.
Con el paso de los meses, el sistema se volvió insostenible y la sede de Saulo Capital en Salta cerró sus puertas, dejando a cientos de familias sin ahorros. Los testimonios de damnificados señalaron que muchos vendieron propiedades, vehículos o utilizaron sus indemnizaciones laborales con la esperanza de multiplicar su capital, alentados por las promesas de la firma.
El juez también autorizó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, que pasarán a disposición de la Justicia para futuros procesos de restitución a las víctimas. Si bien el resarcimiento económico completo parece lejano por el nivel de los perjuicios, la condena marca un precedente en la provincia frente a delitos financieros que suelen dejar graves consecuencias en el tejido social.
El caso de Saulo Capital SRL dejó al descubierto la vulnerabilidad de muchos pequeños y medianos ahorristas que, ante la falta de opciones de inversión seguras, se volcaron a esquemas que ofrecían altos rendimientos en poco tiempo. La experiencia volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de reforzar controles y campañas de información para evitar que la desesperación por proteger los ahorros se traduzca en nuevas estafas masivas.
Con esta condena, la Justicia salteña envía un mensaje contundente frente a los delitos económicos: quienes organicen y participen en estructuras financieras ilegales deberán enfrentar sanciones ejemplares. Para los damnificados, la sentencia es un paso importante, aunque todavía queda un largo camino para intentar recuperar lo perdido.
