El revuelo estalló esta semana en San Lorenzo, que suele ser tranquila pero ahora anda en boca de todos por un escándalo en el Concejo Deliberante.
La Justicia allanó el lugar tras una denuncia que apunta directo al concejal Juan Pablo Dávalos, del bloque libertario. Lo acusan de haber falsificado la firma de la secretaria legislativa Olga Ceballos en la ordenanza que dio luz verde al Presupuesto 2026. Imaginate: un documento clave para el gasto público municipal, y ahora todo bajo sospecha.
Concejal Juan Pablo Dávalos
La denuncia cayó el 11 de diciembre, justo en medio de las fiestas de fin de año, y cuenta que Ceballos estaba de licencia por esos días. No firmó nada, excepto que ahora aparece su rúbrica en ese papel tan importante. Pero al comparar con firmas anteriores, no cuadra ni ahí. Es como si alguien hubiera intentado imitarla, y eso encendió todas las alarmas. El juez no dudó: ordenó el allanamiento y se llevaron un montón de documentos para chequear todo al detalle.
Esto no es un chisme de barrio; estamos hablando de un delito penal pesado. Falsificar un documento público, como una ordenanza municipal, entra en el artículo 292 del Código Penal argentino. Si se comprueba, Dávalos podría caer en cana por hasta seis años, además de quedar inhabilitado para cargos públicos. Es un golpe directo a la confianza en el sistema, sobre todo cuando se trata de plata que sale de los impuestos de la gente de San Lorenzo.
El presupuesto en cuestión es el que define cómo se gasta la plata del municipio el año que viene: obras, salarios, servicios. Si la firma es trucha, todo el paquete podría tambalear y hasta anularse. Imaginate el terrible momento que armaría eso en una ciudad como San Lorenzo, donde la política local ya anda con tensiones por los recortes y las promesas electorales. El concejal, que se presenta como un tipo renovador, ahora tiene que explicar cómo llegó esa rúbrica mágica al documento.
La investigación recién arranca, pero los indicios pintan feo. El fiscal va a peritar las firmas, revisar cámaras y testimonios. Si sale culpable, no solo Dávalos la liga; todo su bloque libertario podría quedar salpicado, con repercusiones en la provincia de Salta. En un país donde la corrupción es tema de todos los días, casos como este en municipios chicos muestran que el problema es sistémico.
Más allá de lo penal, esto expone la fragilidad en los controles del Concejo Deliberante de San Lorenzo. ¿Cómo es que una firma dudosa pasa desapercibida hasta que alguien denuncia? Hace falta más transparencia en estos procesos, sobre todo con el Presupuesto 2026 que afecta directamente a los vecinos: salud, educación, seguridad. Los salteños merecen saber que su plata no se maneja con trucos baratos.
Mientras tanto, la ciudad espera respuestas. Dávalos no ha salido a hablar mucho, pero el escándalo ya circula en redes y charlas de café. Si la Justicia aprieta, podría ser el principio del fin para su carrera política. En San Lorenzo, como en toda Argentina, la gente está harta de estos papelones que erosionan la fe en las instituciones.
