El juicio contra una presunta organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1 continúa revelando detalles alarmantes sobre cómo ingresaban drogas, celulares y dinero al penal, con la supuesta complicidad de personal penitenciario. En la quinta jornada, la Unidad Fiscal presentó videos, fotografías y testimonios clave que comprometen a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares.
Uno de los puntos más impactantes de la jornada fue la proyección de una grabación de las cámaras de seguridad del penal. En las imágenes se observa a un agente penitenciario ingresar tres cajas de pizza por la oficina de Atención al Ciudadano. Las cajas no pasaron inicialmente por el escáner, y el efectivo desapareció de las cámaras durante 20 segundos en un “punto ciego”. Luego, volvió a aparecer, pasó las cajas por el escáner y se dirigió hacia el pabellón K.
En esa secuencia, se ve cómo ingresa a una oficina rotulada como “Jefatura”, donde se le suma un interno con una bolsa. Posteriormente, también aparece un jefe de pabellón. Tras 22 minutos, el interno sale con una bolsa blanca que contenía una caja de pizza. Según el testigo, todos los involucrados fueron identificados por la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario.
Pero eso no fue todo. La fiscalía también presentó pruebas encontradas en los teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos. En uno de los dispositivos, perteneciente a la madre de un interno, se hallaron fotos de drogas, balanzas, transferencias por $40.000 y capturas de conversaciones de WhatsApp relacionadas con el tráfico de estupefacientes dentro del penal.
Los investigadores lograron reconstruir las comunicaciones mediante el análisis de los IMEI de los teléfonos, sin intervenir las líneas telefónicas directamente, lo que permitió identificar los alias de los contactos y su función dentro de la red ilegal.
Uno de los momentos más duros de la audiencia fue el testimonio de un exinterno que ahora está detenido en otra unidad. Aseguró conocer a todos los agentes implicados, los identificó por apodos y señaló que eran quienes facilitaban el ingreso de drogas, celulares y comida. Dijo que estos elementos eran entregados a un interno que luego los revendía: “El Servicio lo hacía trabajar para ellos”.
“Muchísimas veces hice transferencias para comprarle al ‘Gordo’ celulares, comida y drogas. Ahí adentro podés comprar de todo: pasta, marihuana, carne, comida, conducta y concepto”, relató.
Este exinterno también afirmó haber visto personalmente a un jefe de pabellón entregar un celular a otro detenido, y reveló que su propia familia pagó $15.000 a uno de los acusados para ingresar un teléfono.
Sin embargo, lo más grave llegó al final de su declaración: denunció que, tras declarar en la Unidad de Delitos Económicos Complejos en enero de 2024, fue golpeado y aislado durante 60 días por orden del jefe de Seguridad Interna de la Unidad Carcelaria 1. Por temor, pidió no ser trasladado nuevamente a esa unidad. El Tribunal accedió al pedido y remitió su denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos.
Otro exinterno, también convocado a testificar, aportó una visión similar. Contó que empezó a consumir drogas durante su tiempo en prisión y que era “muy fácil” conseguirlas: “Le preguntás a cualquier interno y te consigue”. Añadió que, para pagar, le pedía a su madre que hiciera transferencias a los alias que le pasaban, bajo la excusa de que eran para comprar madera o comida.
Este patrón se repite en varios relatos, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un esquema bien organizado, con roles definidos tanto dentro como fuera del penal.
También declaró Gabriel Ángel, exsubdirector del penal, quien relató su experiencia al asumir el cargo. Intentó acceder a las evaluaciones de los detenidos y a los beneficios otorgados por el Consejo Correccional, pero descubrió que no existían actas ni registros adecuados. Afirmó que, solo en 2022, se otorgó una gran cantidad de beneficios sin respaldo documental, y que uno de los acusados era el responsable de las actas inexistentes.