El caso, que arrancó con la denuncia de un chofer municipal, suma un delito más pesado: la posible sustracción de documentación pública.
La causa que parecía dormir el sueño de los justos desde hace cuatro años acaba de despertar con fuerza. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos, mandó otro oficio al Concejo Deliberante de Rosario de Lerma pidiendo explicaciones sobre la rendición de cuentas del Carnaval 2020. Ya van tres requerimientos: uno en 2022, otro en 2023 y el último en octubre de 2024. La respuesta fue un baldazo de agua fría: los expedientes no están. Se volatilizaron.
La actual presidenta del Concejo, Aurelia Córdoba, puso a todo el personal legislativo a revolver archivos, cajones y estanterías. Revisaron hasta el último papel del período en que la presidencia estaba en manos de Griselda Galleguillos y luego de Juan Prieto. Nada. Ni resoluciones, ni rendiciones, ni proyectos, ni un mísero comprobante. “Buscamos y no existe nada, se perdió todo”, confirmaron desde el cuerpo deliberativo. Para la fiscal, eso ya no es un descuido administrativo: es un delito aparte.
El origen del escándalo sigue siendo la denuncia que presentó en octubre de 2020 el chofer municipal Mario Lamas, que en su momento formaba parte del riñón político del exintendente Enrique Martínez. Lamas contó que después del entierro del carnaval vio cómo sacaban bolsas de basura repletas de plata y las llevaban a la casa de un funcionario en lugar de ingresarlas al municipio. Ese testimonio abrió la investigación por fraude en la administración pública, asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público.
Según lo que declaró Lamas, la Comisión de Corsos funcionaba en la nebulosa: sin personería jurídica, presidida por Luciano Martínez, con Miguel Calabró de secretario y Liliana Pistan como tesorera. Entre los que tomaban decisiones estaban Victoria Rivero, Nancy Gómez y el propio intendente Martínez, que según el chofer decidía qué se hacía con la guita recaudada.
Los números que aportó Lamas nunca cerraron. En 2020 entraron más de 34 mil personas pagando 200 pesos la entrada, lo que deja una recaudación mínima de casi 7 millones de pesos de entonces. Sin embargo, la rendición que llegó al Concejo fue una planilla de Excel sin respaldo y con gastos declarados de casi 3 millones que nadie pudo justificar. “Presupuestaron 120 mil y gastaron 2 millones 900 mil sin un solo ticket”, aseguró el denunciante.
La fiscal lleva años tratando de reconstruir el circuito del dinero: cuánto salió del municipio, cuánto entró por boletería y sponsors, y sobre todo dónde quedó la diferencia. Cada vez que pidió los expedientes al Concejo, la respuesta fue silencio o excusas. Ahora, con nuevas autoridades, la búsqueda terminó en la peor noticia posible: no hay forma de rendir cuentas porque los papeles desaparecieron.
El extravío no es un detalle menor. Para la Justicia, si esos documentos existieron y hoy no están, alguien los hizo desaparecer adrede. Eso configura el delito de sustracción o destrucción de documento público, y la fiscal ya pidió precisiones sobre quién tenía la custodia en aquellos años. La sombra alcanza no solo al exintendente Martínez y su equipo, sino también a los exconcejales que miraron para otro lado o directamente colaboraron en el ocultamiento.
En Rosario de Lerma el tema vuelve a instalarse en todas las mesas. Lo que empezó como rumores de corsos en los barrios hoy es una causa penal que crece y amenaza con llevar a varios exfuncionarios al banquillo. La fiesta grande de 2020, que llenó de color y música las calles, dejó una mancha que cuatro años después sigue sin limpiarse y que ahora huele cada vez más a delito.
