El caso del brutal asesinato de Luján Kvedaras, que mantiene en prisión preventiva al principal acusado, su esposo, vuelve a estar en el centro de la escena judicial. A pesar de que el juicio está previsto recién para abril de 2026, una reciente audiencia reveló un detalle que podría cambiar el rumbo del proceso: la Fiscalía solicitó la recusación de una de las juezas del tribunal que llevará adelante el juicio.
¿Por qué se pidió el apartamiento?
Durante una audiencia multipropósito para definir la prórroga de la prisión preventiva del acusado, la Vocal 3 de la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro realizó declaraciones que, según la fiscal María Luján Sodero Calvet, podrían interpretarse como un prejuzgamiento.
La fiscal de la Unidad de Femicidios argumentó que los dichos de la jueza mostraban una postura anticipada sobre los hechos y su posible calificación legal, sin que se haya iniciado el debate ni se haya producido prueba alguna.
La importancia de un tribunal imparcial
Sodero Calvet fue tajante: para que una sentencia tenga validez, debe surgir de un tribunal verdaderamente imparcial. Subrayó que los jueces deben estar abiertos a todas las hipótesis que presenten las partes y no asumir ninguna como cierta antes del juicio.
El problema, según explicó, es que las afirmaciones categóricas de la magistrada podrían interpretarse como una inclinación previa, lo cual viola el principio de imparcialidad y puede afectar seriamente el derecho a la defensa y al debido proceso.
Un gesto que busca evitar nulidades futuras
Lo llamativo del planteo es que, si bien la jueza habría mostrado una postura que podría favorecer la acusación, la misma Fiscalía pidió su apartamiento. Esto demuestra el compromiso institucional de garantizar un proceso legal sólido, incluso si eso implica cuestionar a una autoridad judicial que, a primera vista, podría estar del lado del Ministerio Público.
La fiscal advirtió que, si se confirmara un prejuzgamiento evidente, el juicio entero podría ser puesto en duda. Una eventual sentencia —incluso condenatoria— podría ser impugnada y anulada, afectando el derecho a la verdad de la familia de la víctima.
El pedido de recusación no busca dilatar el proceso ni generar controversias innecesarias. Por el contrario, apunta a asegurar que el juicio se realice dentro de un marco absolutamente legal y justo, en el que todas las partes —incluidos los hijos de la víctima— puedan confiar en la validez del resultado.
"Queremos un juicio limpio, con garantías para todos. No podemos permitir que errores procesales pongan en riesgo la justicia", fue el mensaje de fondo que dejó la fiscal con su presentación.
