Una mujer fue condenada en Salta por cometer 48 estafas vinculadas a “Inversiones Alyson”, una operatoria que captaba dinero de personas bajo la promesa de obtener elevados rendimientos semanales. Patricia Jimena Vidaurre reconoció su responsabilidad penal y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Además de la condena, deberá pagar $35 millones en concepto de compensación económica a las víctimas, monto que tendrá que abonar en nueve cuotas. Como garantía del cumplimiento de esa obligación, la Justicia dispuso mantener embargado un inmueble perteneciente a la condenada hasta que se complete el pago total acordado.
La resolución fue adoptada en el marco de un juicio abreviado acordado entre la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y la acusada. El acuerdo fue presentado durante una audiencia de revisión de prisión preventiva, en la que se expusieron la calificación legal, la pena pactada y los elementos de prueba reunidos durante la investigación.
El secretario letrado Walter Inda intervino en representación de la UDEC. Luego de verificar que se cumplieran los requisitos legales y que tanto la acusada como las querellas prestaran su conformidad, el juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo y dictó la condena.
Vidaurre fue declarada responsable como autora del delito de estafas reiteradas, en 48 hechos, en concurso real.
La sentencia también estableció una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años. Entre ellas se encuentran fijar domicilio y mantenerlo actualizado, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir estupefacientes y evitar el abuso de bebidas alcohólicas.
Además, deberá realizar semanalmente tareas de limpieza en la dependencia policial más cercana a su domicilio.
Una vez dictada la resolución, el magistrado ordenó la inmediata libertad de la mujer, debido a que la pena impuesta es de ejecución condicional y está sujeta al cumplimiento de las reglas establecidas por la Justicia.
La investigación comenzó en agosto de 2025, después de que distintas personas denunciaran haber entregado dinero a “Inversiones Alyson” con la expectativa de obtener ganancias extraordinarias.
Según se estableció durante la investigación, la propuesta consistía en entregar capital a cambio de rendimientos semanales que podían alcanzar entre el 40% y el 60% del monto aportado.
La operatoria se desarrollaba principalmente mediante grupos de WhatsApp. Los interesados podían entregar el dinero de manera presencial o realizar transferencias bancarias y otras operaciones electrónicas.
Durante la primera etapa, los inversores recibían efectivamente los pagos que habían sido prometidos. Esta modalidad habría permitido generar confianza entre los participantes, quienes posteriormente aumentaban las cantidades de dinero entregadas e incluso recomendaban la operatoria a otras personas.
Con el paso del tiempo, sin embargo, los pagos comenzaron a demorarse. Los reclamos de quienes buscaban recuperar su capital se multiplicaron y finalmente las comunicaciones con algunos de los inversores se habrían interrumpido.
A partir de las primeras denuncias, la UDEC comenzó a reunir información para determinar el funcionamiento de la operatoria y establecer cuántas personas habían resultado damnificadas.
En ese marco, el 28 de agosto de 2025, Vidaurre fue detenida junto con su pareja y el hijo de este. La situación procesal de ambos continúa siendo investigada dentro de la causa.
Al día siguiente se realizaron allanamientos en distintos domicilios de Salta Capital y Rosario de Lerma. Durante los procedimientos se secuestró documentación considerada de interés para avanzar en la investigación.
La Fiscalía también solicitó medidas sobre los fondos vinculados a la acusada y se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales relacionadas con la operatoria investigada.
Con el avance de la causa fueron incorporándose nuevas denuncias de personas que aseguraban haber entregado dinero. También se sumaron comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería y documentación relacionada con “Préstamos e Inversiones Alyson”.
Los investigadores analizaron además información aportada por entidades bancarias y financieras respecto de las cuentas utilizadas para recibir los fondos. A esto se agregaron declaraciones testimoniales de las personas que denunciaron haber sido perjudicadas.
El volumen de evidencia permitió ampliar progresivamente el alcance de la investigación. La imputación inicial contemplaba 32 hechos de estafa, pero con la incorporación de nuevas denuncias y elementos probatorios la cifra aumentó hasta llegar a 48 hechos.
Finalmente, Vidaurre aceptó la responsabilidad penal por la totalidad de las estafas incluidas en la acusación y acordó junto con la Fiscalía la realización de un juicio abreviado.
El caso muestra el mecanismo que, según la investigación, habría permitido captar dinero de distintos inversores mediante la promesa de rendimientos muy superiores a los habituales en operaciones financieras tradicionales. El cumplimiento inicial de los pagos habría sido utilizado para generar confianza y favorecer la llegada de nuevos aportantes.
La condena establece ahora una obligación económica concreta para reparar parte del perjuicio ocasionado. Los $35 millones deberán ser abonados en nueve cuotas a las víctimas, mientras que el inmueble embargado permanecerá afectado como garantía hasta que se cancele completamente el monto acordado.
La causa, de todos modos, no quedó cerrada para las demás personas investigadas. La pareja de Vidaurre y el hijo de este continúan vinculados al proceso, por lo que la investigación judicial sobre el funcionamiento de la estructura de inversiones todavía tiene aspectos pendientes de resolución.
Para Vidaurre, en cambio, el proceso terminó con una condena a tres años de prisión de ejecución condicional, el pago de la compensación económica y el cumplimiento de reglas de conducta durante tres años.
La Justicia también dejó establecido que el incumplimiento de las condiciones impuestas podría tener consecuencias sobre la modalidad de ejecución de la pena. Por el momento, tras la homologación del acuerdo, la mujer recuperó su libertad bajo las obligaciones fijadas por el tribunal.
