En un nuevo capítulo de la lucha contra el narcotráfico en Salta, el despachante de aduana Ulises Matías Curá fue procesado con prisión preventiva por el delito de contrabando de estupefacientes.
La investigación, llevada adelante por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, apunta a una operación que involucró un torno industrial proveniente de Perú, con destino final al puerto de Algeciras, España. El caso pone bajo la lupa las prácticas aduaneras en la frontera norteña, un punto clave para el comercio internacional.
El pasado 22 de octubre, un camión con patente boliviana ingresó a la Argentina por La Quiaca, transportando el torno que, según la justicia, escondía droga. La carga fue retenida inicialmente en la Aduana de La Quiaca, donde pasó por controles de escaneo y perros antidrogas, pero luego continuó su trayecto hasta un depósito en Villa Soldati, Buenos Aires. Desde allí, se preparaba su exportación a Europa. Curá, en su declaración por videoconferencia, aseguró ser “inocente” y afirmó que solo actuó como intermediario para dos despachantes bolivianos, con quienes trabajaba desde hace años.
El despachante salteño explicó que su empresa se dedica a “alquilar” el registro de importación para terceros que no pueden operar directamente, una práctica que, según él, es habitual en la zona fronteriza de Salta y Jujuy. Sin embargo, el juez Meirovich desestimó su versión, argumentando que Curá tuvo un rol central en toda la logística del traslado. Las pruebas recopiladas muestran que no solo coordinó el almacenamiento de la mercadería, sino que también se ocupó de los gastos y de manipular la documentación aduanera para ocultar irregularidades.
Entre las inconsistencias detectadas, la justicia señaló que Curá consignó un modelo de torno distinto al verificado y presentó especificaciones técnicas falsas para alterar el peso real del equipo. Además, habría declarado la máquina como nueva cuando, en realidad, era usada. Estas maniobras, según el fallo, buscaban encubrir la presencia de estupefacientes en la carga, cuyo destino final era el mercado europeo.
El fiscal Claudio Navas Rial, junto con la Procunar, liderada por Diego Iglesias, solicitó la prisión preventiva al considerar que Curá no fue un simple prestanombre, sino una pieza clave en la operación. La investigación reveló comunicaciones que lo vinculan directamente con la coordinación del traslado, contradiciendo su relato. “Estuvo atrás de la mercadería en todo momento, ocupándose de cada detalle”, afirmó el juez en su resolución.
El procesamiento de Curá incluye un embargo sobre sus bienes por una suma que asciende a $43.605.000.000, una cifra que refleja la magnitud del delito investigado. El caso expone, una vez más, los desafíos que enfrenta Salta como puerta de entrada y salida de mercancías en el norte argentino, donde la porosidad de la frontera y las prácticas aduaneras son un terreno fértil para actividades ilícitas.
La Quiaca, principal paso fronterizo con Bolivia, es un punto estratégico para el comercio internacional, pero también un foco de atención para las fuerzas de seguridad. Operaciones como esta refuerzan la necesidad de fortalecer los controles en la región, donde el narcotráfico busca aprovechar las rutas comerciales para mover grandes cantidades de droga hacia mercados internacionales.
Este caso, que sacude a la comunidad salteña, pone en evidencia las complejidades del contrabando en la provincia y el rol de los despachantes de aduana en estas operaciones. Mientras la justicia avanza en la investigación, el procesamiento de Curá marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico en el norte argentino, una batalla que sigue siendo prioridad en Salta.
