La detención de tres profesores acusados de abusar sexualmente de una alumna menor de edad en Jujuy generó una fuerte conmoción en toda la región del norte argentino. El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la madre de la víctima y rápidamente activó el accionar de la Justicia, que ordenó las detenciones e imputó a los sospechosos por un delito grave.
Los acusados, de 25, 32 y 34 años, trabajaban en la Dirección de Deportes Municipal y fueron imputados por “abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por su rol como educadores”. Según trascendió, los hechos habrían ocurrido dentro del mismo edificio municipal, lo que agrava aún más la situación y despierta duras críticas hacia las autoridades responsables.
La Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual llevó adelante pericias clave, entre ellas la Cámara Gesell a la víctima, que permitieron reunir pruebas suficientes para avanzar con las detenciones. Los tres hombres se encuentran bajo custodia judicial y deberán declarar en los próximos días.
El caso impactó de lleno en Salta, donde crece la preocupación por la seguridad en ámbitos educativos, deportivos y recreativos municipales. Instituciones locales comenzaron a revisar protocolos de actuación y control interno ante este tipo de denuncias, mientras crece el reclamo por medidas de prevención más eficaces.
Desde distintos sectores sociales y profesionales, se renovó el pedido de reforzar la formación del personal que trabaja con menores y mejorar los mecanismos de detección y acompañamiento en casos de abuso. También se volvió a insistir en la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa y brindar contención inmediata a las víctimas.
En paralelo, la Dirección de Deportes involucrada en Jujuy fue puesta bajo la lupa y se abrió un sumario administrativo para investigar responsabilidades internas. A nivel judicial, la causa avanza con reserva para proteger la identidad de la menor, quien está siendo acompañada por profesionales especializados.
El hecho sacudió a toda la comunidad y encendió alarmas en las provincias vecinas, incluyendo a Salta, donde se teme que situaciones similares puedan estar ocurriendo sin ser detectadas. La gravedad del caso obliga a una respuesta coordinada entre instituciones, municipios y organismos de protección de derechos, para garantizar entornos seguros a los niños, niñas y adolescentes del norte argentino.
